Plena Inclusión Madrid demanda a los responsables políticos que los contratos entre la Administración Regional y las entidades sociales de la discapacidad intelectual se flexibilicen para poder adaptarse a las necesidades reales de cada persona y lograr así, avances en su inclusión social.
El movimiento asociativo celebró el pasado sábado la IV Conferencia de Presidentes, una jornada de trabajo en la que se debatió sobre los retos de la discapacidad intelectual en el futuro y la manera de abordarlos.
La Conferencia, que fue inaugurada por el director general de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Jorge Jiménez de Cisneros, y el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, contó con la participación del presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo, quien ofreció una interesante ponencia sobre los retos y oportunidades del sector de cara al 2020.
Demandas a los grupos parlamentarios
Los participantes en la IV Conferencia de Presidentes, tuvieron ocasión de trasladar sus principales demandas a los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid ya que se contó con la presencia de los diputados Pilar Liébana, Mónica Silvana González, Carmen San José y Tomás Marcos; de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, respectivamente.
En este sentido, el movimiento asociativo puso encima de la mesa la necesidad de cambiar el actual modelo de contratación que las entidades sociales mantienen con la Administración. Es preciso cambiar ya un modelo que está agotado porque comienza a no responder a las necesidades individuales de cada persona, y eso, merma en muchas ocasiones las posibilidades de inclusión social. Tenemos que tener a un modelo flexible que permita dotar a cada persona de los apoyos individuales que necesite para favorecer su participación comunitaria.
También las entidades sociales de Plena Inclusión Madrid hicieron hincapié en la necesidad de buscar una fórmula alternativa a la Ley de Contratos del Sector Público que priorice la calidad en la atención, por encima de las condiciones económicas, tal y como se ha hecho ya en otras Comunidades Autónomas en las que se ha incorporado el concierto social.
La mejora del actual sistema educativo para su inclusión en el mismo de las personas con discapacidad intelectual fue otro asunto importante que se trasladó a los parlamentarios, a quienes se explicó también que la formación actual se ve interrumpida de forma drástica sin que puedan optar a nuevas enseñanzas reconocidas oficialmente que faciliten su acceso al empleo.
Otro asunto tratado fue el derecho de las personas a tener una vida independiente a lo largo de las distintas etapas de su vida, incluida la de envejecimiento, subrayándose en este sentido, la necesidad de que las personas mayores de 65 años con discapacidad intelectual puedan decidir en qué recurso quieren vivir, sin que se las obligue a acudir a una residencia de mayores ordinaria, en la que suelen carecer de los recursos y apoyos necesarios que han tenido hasta ese momento.
Debemos aspirar al modelo que persigamos, y no al que nos arrastren
El presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo, abordó en su intervención la necesidad de reinventar el activismo en tiempos críticos. Es preciso trabajar a diez años vista, para que podamos avanzar hacia modelos propuestos y construidos por las bases, y no impuestos.
A juicio, es preciso reflexionar sobre la redimensión de lo prestacional de modo que obedezca a lógicas propias del movimiento asociativo y no de lo que quiera la Administración Pública. La sociedad civil ha de ir siempre por delante en estas cuestiones.
El presidente del CERMI se refirió también al momento actual en el que la base social tiende a participar menos en el movimiento asociativo, ya que no se sienten partícipes ni dueños de las organizaciones sociales, sino meros clientes de las mismas. En su opinión es preciso reactivar la participación cívica de la militancia, creando una amplia red de apoyos y de acompañamiento activo para que cada uno sea agente de su propia inclusión.
La reflexión interna
Durante la IV Conferencia de Presidentes, los asistentes debatieron en clave más interna sobre los pasos que han de dar el conjunto de las entidades para afrontar los retos del futuro. Dicha reflexión giró en torno a cuestiones tales como la familia, las personas con discapacidad intelectual, la gestión de recursos y servicios y la gestión del entorno.
A lo largo de estos debates se volvió a poner de manifiesto la necesidad de demandar modelos de contratación más flexibles que permitan una vida no institucionalizada y en la que los apoyos sean prioritarios; sin renunciar a lo existente, pero mejorándolo, y sin olvidarse en ningún momento de aquellas personas más gravemente afectadas y que por lo tanto requieren de mayores apoyos. La regulación de la figura del asistente personal para personas con discapacidad intelectual, la creación de nuevos servicios y la posibilidad de establecer una cartera de servicios comunes entre las entidades, fueron algunos otros de los aspectos señalados.
Recuperar la implicación y participación de los familiares de las personas con discapacidad intelectual en el movimiento asociativo, fue otra de las cuestiones tratadas en el debate. Recurrir a las nuevas tecnologías para facilitar esa participación, recuperar la figura del socio y no de cliente, implicas a las generaciones más jóvenes y e identificar nuevos espacios de participación y reivindicación fueron algunas de las soluciones planteadas para evitar la pérdida de militancia activa.
Finalmente, y sobre el papel del movimiento asociativo, las entidades participantes apostaron por el reforzamiento de una imagen de marca común y un carácter reivindicativo permanente que no ha de perderse. Fomentar la unidad y lealtad entre las entidades de la discapacidad intelectual y crear alianzas con otras organizaciones del tercer sector fueron también algunas de las propuestas planteadas.