El presidente del CERMI, Luis Cayo, ha asegurado que la exclusión educativa se paga con mucha exclusión social, en el transcurso de su comparecencia ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados que trabaja en el Pacto por la Educación.
Cayo reconoció que durante las décadas de los 80 y 90 se avanzó mucho en el sistema educativo español, pero –matizó- desde entonces la ratio 80-20 (educación ordinaria- -educación segregada) no ha variado. De ahí la necesidad de que se produzca un revulsivo legislativo político que avance hacia una inclusión con apoyos, real y efectiva porque la segregación ya no es admisible por más tiempo.
El presidente del CERMI indicó que, «si la segregación se produjera por cuestiones de origen étnico, de nacionalidad, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, repugnaría a la sensibilidad, al progreso y a nuestros valores e imaginario colectivo». Sin embargo, cuando se trata de discapacidad parece que se acepta con naturalidad y no provoca escándalo, pero no deja de ser una segregación por razón de una diferencia.
La segregación por razón de discapacidad, es la única que se admite en el sistema educativo actual, con un sistema paralelo concebido sólo para este colectivo, lo cual es –agregó- una violación grave de los Derechos Humanos, que ha de cesar.
En este sentido, el líder del movimiento asociativo apuntó que la educación especial ha de migrar, en un periodo razonable de tiempo, hacia estructuras y prácticas plenamente inclusivas, convirtiéndose en centros de recursos educativos al servicio de la inclusión y puso en valor la labor de todos los profesionales que actualmente trabajan en este sistema y que son claves para avanzar a un modelo inclusivo.
Luis Cayo, quien fijó en cinco años el periodo ideal para avanzar en este cambio, señaló que siempre habrá casos excepcionales que requieran una respuesta individualizada, pero éstos no pueden usarse como coartada. “Si llegamos al 95 por ciento estaríamos en la estela de la inclusión. Quizá el 100 por cien sea utopía, pero no los usemos para castigarnos a no hacer nada”.
El presidente del CERMI recordó que, en alumnado con discapacidad, es donde se dan los únicos casos en los que la familia no tiene libertad de elección sobre la escolarización de sus hijos. Mientras existan dos modelos de escolarización, éstos no pueden imponerse contra la opinión de los progenitores, añadió.
En este sentido, Cayo reconoció que existen algunos casos en los que la familia demanda una educación especial, pero – matizó- ésta se produce generalmente ante el fracaso de su experiencia en centros ordinarios, porque les vendieron una inclusión que luego no se ha producido.
Por eso explicó, es preciso que la inclusión no sea sólo nominal, porque supondría un fracaso, sino que tienen que ver con recursos efectivos, con voluntad política, concierto, buenas leyes y con una comunidad escolar impregnada, convencida y volcada en hacer real la inclusión educativa.
Cayo hizo referencia además a la necesidad de atender el fracaso y abandono escolar, que es más elevado en personas con discapacidad, cuando se produce su tránsito hacia otras etapas de secundaria o formación profesional. Eso hace que se conviertan en carne de cañón para la inactividad, el abandono o el tutelaje de sus familias, sin una vida plena.
La formación del profesorado y el conjunto del personal académico, la accesibilidad de los entornos y de las tecnologías de la comunicación y la información, la flexibilización del sistema y la escolarización con apoyos suficientes y sostenible durante el primer día, son también claves según el presidente del CERMI para avanzar hacia la educación inclusiva.
Cayo defendió la necesidad de crear una delegación para la inclusión educativa que, junto a las comunidades autónomas y el resto de operadores, lidere el proceso de transformación y opinó que es preciso favorecer la participación de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad que es el principal proveedor de apoyos no monetarios a las personas con discapacidad.
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