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Así lo puso de manifiesto el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la subcomisión de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, subcomisión encargada de abordar una posible reforma de la legislación electoral.
En estos momentos, la Cámara Baja tramita una proposición de Ley de reforma de la LOREG, planteada desde la Asamblea de Madrid, a sugerencia del CERMI, que corregiría la anomalía democrática petrificada en nuestro régimen electoral, que permite suprimir el derecho de voto a personas incapacitadas judicialmente.
El presidente del CERMI ha recordado que se trata de una obligación consagrada en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que además, en 2011, el Comité de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad afeó al Estado español el que mantenga la privación del derecho de sufragio a determinadas personas con discapacidad y le instó a reformar su régimen electoral para dar cumplimiento al citado tratado de Naciones Unidas.
“La reforma electoral para otorgar el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad SIN EXCEPCIONES no es una cuestión de debate doctrinal, ético, ideológico o político, sobre el que se tengan diversas posiciones, sino que hoy es un imperativo jurídico de derechos humano inexcusable, que España está incumpliendo de modo flagrante e injustificado. No es una opción, es una obligación”, ha agregado Pérez Bueno.
En este sentido, ha calificado de “ventana de oportunidad histórica” la propuesta de reforma de la LOREG que fue admitida a trámite por unanimidad en el Congreso el pasado 7 de noviembre, y cuyo debate corresponde a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Eso sí, ha lamentado que el texto, que está en fase de enmiendas, haya sufrido casi una decena de ampliaciones de plazos. “Confiemos en que no haya más y se tramite sin mayores dilaciones”, ha apuntado.
Para evitar que esta iniciativa se vaya postergando en el tiempo, el presidente del CERMI ha pedido que se debata y se apruebe esta reforma de la LOREG de manera separada del resto de cuestiones que se están abordando para modificar el régimen electoral, “dada la singularidad de este asunto, la tremenda carga vulneratoria del derecho fundamental violado, y la deuda que la sociedad y el Estado tienen con las personas con discapacidad en este punto trascendental de la participación política”.
Santiago López, presidente de Plena Inclusión España, se mostró «optimista» en el Congreso de los Diputados por estar «cada vez más cerca» de «conseguir que el derecho al voto de las personas con discapacidad sea una realidad para todos y para todas».
«Espero que sus señorías vean que nuestros razonamientos son lógicos, son madurados y son jurídicamente irrebatibles», afirmó López, que hizo hincapié en que además se trata de una cuestión «de carácter social y ciudadano», sobre la que «no nos pueden decir que no».