Estudio sobre la situación de la tutela de las personas adultas con discapacidad intelectual en España: servicios de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica

El ‘Estudio sobre la situación de la tutela de las personas adultas con discapacidad intelectual en España. Servicios de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica’, realizado en el año 2015 por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) con la participación de las entidades que la conforman y el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad, se enmarca en el concepto de la capacidad jurídica de las personas y en el modelo de provisión de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este informe recoge los resultados y conclusiones de dicha investigación, que tiene como principal objetivo contextualizar y conocer la realidad de los servicios de apoyo tutelar para las personas adultas con discapacidad intelectual en España. 

El documento revisa el marco jurídico sobre los derechos de las personas con discapacidad; la modificación de la capacidad y el ejercicio de los cargos tutelares; y el reconocimiento de los servicios de tutela o de protección jurídica de la capacidad; tanto a nivel nacional como internacional. Por otra parte, analiza la evolución, el perfil y las características de las personas que se encuentran bajo apoyo tutelar de las entidades pertenecientes a la AEFT, así como las tendencias esperadas en la demanda y necesidad de servicios de apoyo; e identifica los diferentes modelos de relación público-privada de los servicios de apoyo a la capacidad jurídica en España. Se realiza también un análisis de la situación actual de la AEFT y sus entidades tutelares, los servicios y programas que prestan, su financiación y las condiciones necesarias para su futura sostenibilidad. El informe proporciona, por último, un resumen de resultados y conclusiones en base a los datos obtenidos. A la luz de estos se evidencia la necesidad de mejorar el reconocimiento y la cobertura pública de los servicios de apoyo tutelar, y de poner en marcha mecanismos adecuados que permitan garantizar la equiparación del derecho a acceder a dichos servicios por parte de las personas con discapacidad intelectual que requieran apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica.