La promulgación de la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica, implica una transformación global del modelo previo basado en la protección de la persona con discapacidad, hacia un enfoque centrado en el derecho a su autonomía personal y la atención a su voluntad