“La mente es como un paracaídas, si no está abierta, no funciona” (Frank Zappa)
Cuando pocos meses después de haber comenzado la actual legislatura, escuchamos al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, hablar sobre la apuesta de la Comunidad de Madrid por la educación inclusiva, siguiendo el mandato que múltiples asociaciones internacionales hacían al respecto (sic), creímos con optimismo en su afirmación.
El tiempo ha evidenciado que más que optimistas fuimos ilusos, quizá porque nadie apuesta de verdad por aquello en lo que no cree, o tal vez, porque no se puede hacer algo que uno ignora. Ojalá, sea lo segundo, porque el desconocimiento tiene solución si existe verdadero interés. Arreglar lo primero ya es más difícil.
Mucho se ha hablado a lo largo de los últimos años de educación inclusiva y creemos que es preciso clarificar qué afirmaciones consideramos premisas falsas y cuáles verdaderas, pues tal vez así seamos capaces de avanzar hacia ese objetivo que, a priori, parece que compartimos en aras de alcanzar una sociedad mejor:
“La Comunidad de Madrid tiene la obligación de promover la educación inclusiva” (Van Grieken, mayo 2017): VERDADERO.
“Me han dicho que Plena Inclusión Madrid ha pedido que desaparezcan los Centros de Educación Especial” (Van Grieken, mayo de 2017): FALSO
“Sólo cuando las necesidades [de un alumno con necesidades educativas especiales] no pueden ser atendidas en un centro ordinario con apoyos, se propone la escolarización del alumno en centros específicos de educación especial. (Van Grieken, noviembre de 2015 y mayo de 2017): FALSO
“Estas evaluaciones (evaluaciones psicopedagógicas y dictamen de escolarización individualizado), por supuesto, tienen en cuenta también la opinión de las familias” (Van Grieken, noviembre 2015): FALSO
Lema de la campaña de escolarización de la Consejería de Educación: “Su educación la eliges tú” (campaña 2017). La libertad de elección de las familias es un eje fundamental en la Educación que defiende el Gobierno Regional (nota de prensa de enero de 2017): FALSO
“Todas las familias que han querido escolarizar a sus hijos en colegios públicos de la región han obtenido plaza, tanto en su distrito, como en su municipio” (Van Grieken ante la Asamblea de Madrid, junio 2017): FALSO
“Algunos (alumnos) presentan necesidades educativas especiales que hacen que el recurso inclusivo adecuado para su escolarización sean los Centros de Educación Especial” (Van Grieken, mayo 2017): FALSO
Van Grieken en mayo de 2017 sobre el porcentaje de alumnos en educación especial: “Esto es una prueba (…) de que nuestro sistema educativo es un sistema inclusivo que normaliza la vida de los alumnos”. FALSO
Y así, podríamos seguir hasta rellenar unas cuantas páginas, pero por resumir, dice la Comunidad de Madrid en sus notas de prensa oficiales (enero de 2017) que los ejes fundamentales de la educación que defiende el Gobierno Regional son: “La calidad de la educación madrileña, la libertad de elección de familias, la igualdad de oportunidades y el diálogo para que la región esté a la cabeza de la transformación educativa”.
Aunque estaríamos orgullosos de que nuestra Comunidad Autónoma liderase esa transformación educativa, creemos sinceramente que aún estamos lejos de ella, pues de partida no se cumple el principio de la igualdad de oportunidades.
Vaya por delante que trabajar para que exista una educación inclusiva no es a estas alturas una opción voluntaria, es hacer que se cumpla un derecho. Es desarrollar el mandato que han recibido los países, entre ellos España y por tanto sus administraciones, desde Naciones Unidas para garantizar la igualdad de oportunidades de todas y cada una de las personas. Es también, dar cumplimiento a la Declaración de Incheón y es avanzar hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
La educación inclusiva es aquella que permite dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado, con presencia, aprendizaje y participación. Es aquélla en la que estamos todos, independiente de nuestro género, origen, características y por supuesto capacidad. Cómo llegar a eso, a la educación para todos es lo que debe centrar el debate, aunque algunos se empeñen en plantearlo como una polarización entre modelos diferentes.
La ruta para llegar a la educación inclusiva real y efectiva, no es sencilla ni corta, no existen atajos; hay que buscar un camino hacia la verdadera transformación de un sistema educativo que, en la actualidad, no es capaz de satisfacer el principal derecho de la igualdad de oportunidades.
Pero si apostamos por esa transformación es obvio que no podemos seguir haciendo lo mismo y pretender alcanzar resultados diferentes. Plena Inclusión Madrid defiende abiertamente la labor de los Centros de Educación Especial y de sus profesionales, y por eso abogamos porque la Administración aproveche todo su conocimiento y sus medios humanos para convertirlos en centros de recursos a disposición de todos aquellos alumnos que los necesiten mientras acuden a un centro ordinario. No abogamos pues por su cierre, sino por su transformación, invirtiendo los recursos públicos en este objetivo y no en la construcción de otros nuevos. Si queremos que el vehículo de la educación inclusiva funcione, de nada servirá echar combustible en bidones cerrados que, pese a quien le pese, son segregadores, pues la educación, impartida a grupos presuntamente homogéneos o “entre iguales” que son minoría (independientemente de su necesidad especial) lleva, por defecto, a un empobrecimiento de la misma y a un aislamiento social creciente.
Si de verdad creemos en una sociedad igualitaria e inclusiva no podemos seguir trazando dos líneas paralelas, pues la ciencia matemática ya explica que éstas siempre se mantendrán a la misma distancia, sin llegar a juntarse. Más aún, cuando hemos asistido en los últimos años a un notable incremento del alumnado en centros de educación especial en la Comunidad de Madrid, un 22 por ciento.
Desde la Consejería se defiende que algunas familias prefieren la educación especial para sus hijos frente la ordinaria con apoyos. Y esto será VERDADERO mientras se continúen sin invertir en la educación ordinaria los recursos necesarios para garantizar, conforme establece la ley, de obligado cumplimiento, que indica que ha de asegurarse un sistema de educación inclusivo, garantizando el acceso en igualdad de condiciones, así como los ajustes razonables y apoyos que sean necesarios. (Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006).
Garantizar esos recursos significa además invertir en otras muchas áreas. La primera, en los equipos de orientación educativa, porque aquí es donde se encuentra una de las trabas principales: no existe a día de hoy un equipo de orientación especializado en discapacidad intelectual. Puede presumir si quiere el consejero de cuatro equipos específicos; pero lamentablemente, ninguno de ellos está especializado en discapacidad intelectual ni tampoco en discapacidad psíquica. Poco podrán hacer estos profesionales por la inclusión educativa si no cuentan con la formación adecuada para ello. Esto les convierte, seguramente a su pesar, en meros clasificadores que pueden poner etiquetas, pero no pueden aportar soluciones, lo que en muchos casos les convierte en el paso previo a la segregación educativa y por tanto social.
Una segregación en la que es rotundamente falso que las familias puedan elegir, pues su opinión – y la Consejería conoce los casos- queda relegada ante un informe de un equipo de orientación. Como también lo es el afirmar que todas las familias que han querido escolarizar a sus hijos en colegios públicos de la región hayan obtenido plaza, tanto en su distrito como en su municipio. Salvo que en ese “todas las familias” desde Educación no se incluya a las familias de personas con discapacidad.
La segunda cuestión en la que se ha de invertir es en la formación del profesorado que ha de tener la preparación adecuada para dar respuesta a las necesidades de sus alumnos y no verse desbordados de tal manera que intuyan la inclusión como un problema sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer formas de enseñar (Unesco, 2005).
La tercera y no menos importante, es invertir en la sensibilización de alumnado y familias tipificadas como “normalizadas” que sepan ver y entender que la diversidad de género, raza, religión, capacidad o cualquier otra lamentable etiqueta que podamos emplear, no supone un retraso, sino una oportunidad de enriquecimiento mutuo, que les hará partícipes en la construcción de una sociedad verdaderamente participativa, es decir, en la apuesta por un mundo en el que independientemente de la condición, se acepta a una persona como semejante y se la acepta por ser quien es (Booth, 2002).
En definitiva, si de verdad queremos que nuestra Comunidad lidere la transformación educativa, hemos de diseñar una Educación con mayúsculas, que no sea un mero elemento de escolarización, sino de construcción social bajo parámetros de la igualdad de oportunidades.
En ese compromiso, la Comunidad de Madrid nos tendrá a su lado como lo prueban nuestras aportaciones al documento de trabajo del futuro decreto de la Administración Regional para regular la enseñanza no universitaria. Mientras tanto y a día de hoy, lo cierto es que la realidad no es coherente con el mismo, y seguiremos reivindicando la promoción y el desarrollo de una educación para todos.
Mariano Casado Sierra
Presidente de Plena Inclusión Madrid