Uno de los errores de cómo la sociedad ve a las personas con discapacidad es el de pensar que sólo tienen sus propios problemas (los “problemas de discapacidad”) y que por tanto no comparten las dificultades y riesgos de las personas sin discapacidad. La inclusión social todavía no ha conseguido en muchos casos hacer entender que las personas son personas, y por tanto, aunque tengan discapacidad desgraciadamente también se van a frustrar, o entristecer, o encontrarse con situaciones de violencia similares a los demás. Lo que sí es cierto es que quizá la causa, y por tanto la solución a ese conflicto común puede ser particular. Y por tanto se requieren dos acciones: primero, reconocer que las personas con discapacidad pueden estar entre las víctimas de ciertas situaciones de riesgo que corremos todos, como la violencia de género; segundo, que se necesita una intervención concreta para apoyar a dichas víctimas o evitar el problema. En este sentido, las campañas contra la violencia de género deben incluir a las mujeres con discapacidad física o intelectual como una mujer más, pero también con intervenciones diferenciadas. Porque sí, desgraciadamente, las mujeres y niñas con discapacidad sufren violencia: por ser mujeres, y por ser discapacitadas.
Según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un estudio del Parlamento Europeo establece que casi el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el resto de mujeres de sufrir violencia sexual. De hecho, las mujeres con discapacidad se pueden enfrentar a violencia de género por las siguientes causas:
Ser mujer:
- Una mujer que la sociedad infantiliza y considera no sexual. Esto lleva a pensar que no pondrá oposición, no será creída como víctima , no entiende los límites, va a obedecer y ser sumisa.
- Considerar que al no ser sexualmente activa no podrá transmitir enfermedades. Según algunos estudios, en los países afectados por la epidemia del sida las niñas y mujeres con discapacidad son de tres a cinco veces más propensas a ser víctimas de agresión sexual y violación que las niñas sin discapacidad.
- En ciertas sociedades, por tener menor valor que un hombre.
Ser discapacitada:
- Allí donde una persona con discapacidad no puede representarse jurídicamente, dependerá de que un tutor la crea como testigo o víctima para presentar una denuncia.
- Según su discapacidad, podría no reconocer al agresor.
- La mujer o niña podría tener dificultad para expresar o comunicarse sobre lo ocurrido.
- Podría depender financiera y jurídicamente de su propio agresor.
- La sociedad lo ve a veces como un mal menor comparado con la misma agresión hacia una persona sin discapacidad.
Según el mencionado informe de la ONU, en muchos países las leyes sobre violencia doméstica no tienen en cuenta que las mujeres con discapacidad pueden vivir en centros institucionales, depender de un tutor o de su familia, lo que incrementa para ellas las posibles situaciones de riesgo. Además, su discapacidad hace que por temas a veces legales, otras veces por falta de información y entendimiento, estas niñas y mujeres víctimas de violencia de género no puedan beneficiarse de servicios como los centros de acogida y las estrategias preventivas que algunos estados ofrecen. Por ello, las políticas contra la violencia de género deben tener en cuenta las mencionadas causas concretas y diferentes por las que una mujer con discapacidad podría estar sufriendo malos tratos (abandono o abuso), a las que Miguel Verdugo añade las siguientes:
- En ciertas comunidades, la discapacidad de un hijo es considerada como un castigo, por lo que la presencia del hijo con discapacidad es un recuerdo constante de frustración.
- A su vez esto puede llevar a un rechazo de la comunidad a esa familia, lo que hace que los miembros castiguen a la persona con discapacidad por “haberles creado” esa situación social.
- En familias de bajos recursos puede traer tensiones económicas por los gastos adicionales que supone atender las necesidades de una persona con discapacidad. Adicionalmente, si no hay una educación adecuada, posiblemente la niña no recibirá formación para poder realizar una actividad que ayude económicamente a la familia.
Otro aspecto fundamental que no hay que olvidar es el apoyo que deben recibir aquellas mujeres y niñas con discapacidad que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Los centros de atención a víctimas de violencia de género deberían incluir especialistas que comprendan cómo puede impactar en la vida de una persona con discapacidad la situación vivida, cómo comunicarse con ellas, y cómo apoyarlas para que puedan superar el trauma como el resto de las mujeres.
Como se ha mencionado anteriormente, las víctimas de violencia de género que tienen discapacidad se pueden encontrar con un limitante o barrera adicional y fundamental que es su falta de capacidad legal para representarse a sí mismas. En países como Méjico o Colombia hay leyes que establecen que las personas con discapacidad dependen completamente de un cuidador. Esto da lugar a situaciones en los que la persona con discapacidad sufre una violencia que viene de la decisión de un “protector”. Por ejemplo, en Colombia puede ser frecuente la práctica de la esterilización forzada en mujeres y niñas con discapacidad, para, entre otras cosas, evitar embarazos en caso de violación. El resultado sin embargo puede ser contraproducente: mayor riesgo de violación al no haber posibilidad de embarazo y por tanto evita mayores consecuencias para el agresor. De forma similar en Méjico, una mujer o niña con discapacidad no puede interponer una denuncia de abuso. Debe comunicárselo a su tutor, quien decidirá si interpone la denuncia o no, qué relatar, y cuánto insistir en que se actué en consecuencia. Y esto ha llevado a casos en los que el propio tutor es el agresor (sea por abandono o por abuso), por lo que la denuncia nunca se interpone.
Estas situaciones se dan comúnmente incluso en los países donde hay una política contra la lucha de género bien desarrollada. Por lo tanto, es una política incompleta que deja de lado a parte de las víctimas que se supone protege. Un primer paso para ajustar las políticas de violencia de género para que incluyan y amparen a las niñas y mujeres con discapacidad sería tener información, estadísticas desglosadas sobre el tipo de violencia y el tipo de discapacidad para poder diseñar soluciones oportunas. Estas intervenciones deberían estar coordinadas y completadas con otras políticas encaminadas a empoderar a las mujeres y niñas con discapacidad a través de la educación y el empleo, para disminuir su dependencia y círculo de pobreza. Adicionalmente, deberían tener en cuenta campañas de educación a la sociedad para continuar rompiendo los estigmas sobre las personas con discapacidad que las convierten en potenciales víctimas por partida doble. El 25 de Noviembre es el día internacional contra la violencia de género. Este año la ONU está lanzando una campaña para llenar de naranja los perfiles sociales (Facebook, Twitter etc) en señal de reconocimiento sobre la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres: recordemos a TODAS las mujeres.
(La autora reconoce que la violencia de género también incluye violencia contra niños y hombres. La problemática es diferente por lo que requiere un análisis propio. Pero se condena igualmente este tipo de violencia, y se reconoce su importancia).
Cristina López Mayher, Técnico Comercial y Economista del Estado, con un máster en Gestión del Desarrollo Internacional por la American University (Washington DC).