Plena Inclusión Madrid

Pacto de Productividad en Colombia

Hoy, más de 50 millones de personas en Latinoamérica tienen alguna discapacidad, y en Colombia se calcula que más de tres millones de colombianos tienen alguna situación de discapacidad. Una gran mayoría de esas personas vienen siendo excluidas del mundo laboral por paradigmas sociales y mitos legales, y al no ingresar al ciclo de la economía del país, se les encierra en el círculo vicioso de la pobreza.
Julio Martínez Castaño. Gerente Gestión Humana Colcafé

Que las personas con discapacidad intelectual tienen muchas más dificultades para encontrar trabajo, es un hecho que se da en todos los países del mundo. Pero en algunos lugares se está actuando para disminuir el alto nivel de  desempleo entre los jóvenes y adultos de esta parte de la sociedad. Colombia es uno de esos países, con un programa que empezó en 2009[1] y que todavía sigue evolucionando: el Pacto de Productividad. Ya el nombre es todo un acierto y envía el mensaje adecuado. El Pacto por la Productividad está diciendo que: 1) es un pacto social, un acuerdo entre varias partes,  y 2) el objetivo es el incremento de resultados y beneficios productivos para todos los involucrados. Las personas con discapacidad son parte de este acuerdo que incrementa la productividad en Colombia.

El programa ha trabajado con actores fundamentales, en concreto:

  • Las empresas: proporcionándoles información sobre las oportunidades y beneficios (económicos, fiscales, y sociales) de incluir trabajadores con alguna discapacidad; resolvieron dudas; entrenando al personal (incluida la alta gerencia); y ofreciendo un servicio de apoyo durante el periodo de prácticas de la persona con discapacidad.
  • Los centros de promoción/ intermediación laboral: se trabajó con la Unidad Administrativa de Centros Públicos de Empleo del Ministerio de Trabajo, así como con centros de menor envergadura, formando a los empleados para que sepan atender a las personas en paro con discapacidad. También el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha sido un actor clave al ser la entidad pública responsable de cualificar para el trabajo a los colombianos.
  • Las personas con discapacidad: el Programa se centró en entender cuáles eran sus aspiraciones laborales, y en identificar y explicar las oportunidades que ofrece el mercado laboral. Se evaluó a cada participante, decidiendo si necesitaban sólo apoyo para la entrada en el puesto de trabajo, o si previamente era necesario un ciclo de formación específico y de habilidades “blandas” necesarias en un puesto de trabajo.
  • Grupos representativos de las personas con discapacidad: que orientan la construcción de políticas y/o estrategias de articulación que visualicen las necesidades y oportunidades de las personas con discapacidad en el mercado laboral.
  • El gobierno colombiano: que gracias a este gran pacto estableció la ley 1618 de febrero de 2013, por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; y se diseñó la Política Pública Nacional en discapacidad e inclusión social del Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación, entre otros cambios normativos.

Para poder diseñar un programa realista y sostenible, primero se analizó la situación laboral en las ciudades de intervención en Colombia, las brechas y oportunidades laborales, los retos dentro y fuera de las empresas, los procesos generales de empleabilidad, y la situación económica y educativa de las personas con discapacidad. Este análisis permitió contactar y reunir a todos los involucrados en el proceso de contratación de un desempleado, y en concreto una persona desempleada con discapacidad, e identificar las intervenciones necesarias para fortalecer a cada una de las partes (instituciones y personas con discapacidad). Por ejemplo, cada empresa recibe su propio plan de ajuste razonable, que puede incluir desde adaptaciones físicas de acceso  y movilidad dentro del espacio laboral, como modificaciones mínimas pero esenciales de las dinámicas internas y actitudes de jefes y compañeros.  El acompañamiento a las empresas se mantiene una vez incorporado el trabajador, para aumentar la permanencia del mismo en su nuevo puesto de trabajo.

Otro cambio/ fortalecimiento institucional fundamental fue que el SENA cuenta por primera vez, desde 2014, con una Política Institucional para la Atención a Personas con discapacidad. Más de 520 funcionarios del SENA han sido capacitados para ofrecer sus servicios a personas con discapacidad en busca de una oportunidad laboral. Como resultado, las personas con discapacidad han podido acceder a los cursos de formación que ofrece esta entidad, y la variedad en la demanda por parte de este público demuestra que, como con el resto de la sociedad, sus intereses profesionales son muy diversos, por lo que ofrecer trabajos estándar no es una solución adecuada.

Otros aspectos claves de este Pacto de Productividad  es que los candidatos reciben un salario mínimo durante su periodo de prácticas en la empresa (que debe pasar a un salario regular si es finalmente contratado). Es decir, el trabajador es tratado como tal y cobra, que es uno de los objetivos fundamentales de cualquier persona buscando un trabajo. Como parte de la estrategia de sostenibilidad, el Programa ha generado estrategias de articulación de las entidades capacitadas para ampliar los servicios disponibles y fortalecer la ruta de servicios a personas y empresas.

En definitiva, este programa de largo plazo en Colombia, que lleva en marcha desde hace más de 6 años y sigue progresando, ha entendido que la inclusión laboral de las personas con discapacidad no es un acto de beneficencia ni algo sencillo. Si no que es un proceso largo, que necesita involucrar a los actores clave del mercado laboral general y asociarlos con los intereses y capacidades de las personas con discapacidad y con las organizaciones que trabajan con y para ellos. Hasta el 2015, a nivel nacional en Colombia, unos 613 profesionales con discapacidad se vincularon con empresas, de los cuales un 20% tiene discapacidad intelectual, y más de la mitad eran personas con discapacidad auditiva. Todavía quedan retos por delante, como asegurar que el sistema educativo (educación primaria, secundaria y superior) permita una formación adecuada para esta parte de la sociedad para que llegue preparada al mercado laboral; que las necesidades básicas (como la movilidad al lugar del trabajo) están cubiertas; y que las ideas preconcebidas sobre las posibilidades laborales de las personas con discapacidad desaparezcan. Todavía muchas empresas no se animan a estos cambios, temen por desconocimiento de consecuencias legales, pero basándose en la productividad, este Pacto tiene sentido y debe continuar expandiéndose por Colombia y ser seguido en otros países del mundo. De hecho, se está tomando como ejemplo para la inclusión de otros grupos sociales vulnerables en el mercado laboral de Colombia.

[1] Con el apoyo del BID, FOMIN y la Fundación Corona, entre otros.

Cristina López Mayher, Técnico Comercial y Economista del Estado, con un máster en Gestión del Desarrollo Internacional por la American University (Washington DC).

Puedes leer todos los artículos de Cristina L. Mayher en su blog https://desestandarizando.wordpress.com/