El concejal de Economía y Hacienda modifica el decreto sobre la contención del gasto en los contratos del Ayuntamiento, y valorará conceptos como la calidad de las condiciones de empleo, la inserción sociolaboral, politicas de género, medioambientales y de comercio justo; por encima del precio.
Para el Gobierno municipal es fundamental conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables.
El nuevo Decreto deja sin efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando se utilice más de un criterio de valoración.
Con el nuevo decreto aumenta el peso de los criterios objetivos hasta el 75% del total de la puntuación a distribuir, salvo para los contratos de prestaciones personales de carácter sanitario o social.