Plena Inclusión Madrid

600 personas en situación de vulnerabilidad recibieron hoy una tarjeta monedero solidaria gracias al proyecto “Alimentos por la Inclusión” de Fundación Gmp y Plena Inclusión Madrid

Fundación Gmp y Plena Inclusión Madrid han repartido las tarjetas de compra de la campaña ‘Alimentos por la inclusión’.

La campaña ayudará a 157 familias con algún miembro con discapacidad intelectual a comprar alimentos y medicinas.

Las tarjetas han sido entregadas a las 25 entidades en las que participan estas familias.

Al acto ha asistido el viceconsejero de Políticas Sociales, Javier Luengo.

  • La campaña ayudará a afrontar la crisis económica por la COVID-19 a 157 familias en las que alguno de sus miembros es una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo de la Comunidad de Madrid
  • Las personas beneficiarias recibirán una aportación mensual hasta fin de año para adquirir alimentos, productos de higiene y medicamentos

Madrid, 17 de julio de 2020.- Fundación Gmp y Plena Inclusión Madrid han repartido hoy las tarjetas monedero de la campaña ‘Alimentos por la inclusión’, cuyo objetivo es ayudar a 157 familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (600 personas en total) a paliar los efectos de la crisis económica provocada por la COVID-19.

El acto ha tenido lugar en Fundación ALAS Madrid, y ha estado presidido por Javier Luengo, viceconsejero de Políticas Sociales, Familias e Igualdad de la Comunidad de Madrid; Paula de la Rocha, gerente de Fundación ALAS; Silvia Sánchez, directora de Plena Inclusión Madrid; y Marta Montoro, patrona de Fundación Gmp.

Gracias a la campaña ‘Alimentos por la inclusión’, las familias en especial situación de vulnerabilidad detectadas por 25 entidades miembro de Plena Inclusión Madrid podrán contar con un ayuda mensual para efectuar sus compras de alimentos, productos de higiene y medicamentos.

Con este fin, recibirán mensualmente una recarga en la tarjeta solidaria con una cantidad mínima de 75 euros, y que aumenta en función del número de miembros de la unidad de convivencia.

Hay que recordar además que las familias en cuyo seno hay una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo parten de una situación de desventaja ya que, en líneas generales soportan un sobreesfuerzo económico anual que puede oscilar entre los 24.000 y los 47.000 euros.

Javier Luengo ha agradecido el trabajo de las entidades que “cuidan y atienden a las familias” y ha destacado que, en situaciones complejas, “es cuando se nota más lo importante que es trabajar todos juntos”. “Se pone en valor vuestro aporte a la sociedad. Hacéis una sociedad mejor, una Comunidad de Madrid mejor”, ha trasladado a los representantes de las entidades presentes en el acto.

Francisco Fernández, director de Fundación Gmp, ha destacado el esfuerzo de todas las entidades sociales ante “una situación sobrevenida” que requería una respuesta rápida. En este contexto, ha dicho, “’Alimentos por la inclusión’ es lo más efectivo que podíamos hacer”.

Marta Montoro ha manifestado el compromiso de Fundación Gmp en su labor de continuar apoyando a colectivos en riesgo de vulnerabilidad y ha invitado a las entidades a que les trasladen todos aquellos proyectos que consideran que podrían mejorar la vida de las personas.

Silvia Sánchez, por su parte, ha recordado los abrumadores resultados de la encuesta realizada por Plena Inclusión Madrid entre las familias que forman parte del movimiento asociativo en abril y ha explicado que estos datos sirvieron para establecer los parámetros económicos, laborales y sociales utilizados en esta iniciativa.

Según dicha encuesta, a finales de abril un 43% aseguraba verse “bastante” o “muy afectado” económicamente por la crisis de la COVID-19 y un 30% había experimentado un incremento en sus gastos familiares. Asimismo, casi el 40% por ciento había visto como empeoraba su situación laboral.

Asimismo, el informe de Odismet ‘Efectos y consecuencias de la COVID-19 entre las personas con discapacidad’ refleja que el 31,1% de la población con discapacidad se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, que puede verse agravada por el impacto de la pandemia en el empleo. En este sentido, el informe alerta de que el 60% de los trabajadores con discapacidad podrían perder su empleo debido a la temporalidad de sus contratos y a las consecuencias negativas de la crisis en la actividad económica. 

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