Plena Inclusión Madrid

Acabar con las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad y mayor transparencia en las estadísticas

Fundación Cermi Mujeres ha presentado un informe sobre la esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad.

Este informe dice que no hay datos estadísticos, y que España debe proveerlos para no violar la convención de derechos de personas con discapacidad.

También dice que este tipo de esterilización se practica en niñas y mujeres con discapacidad, especialmente intelectual, sin contar son su consentimiento.

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha exigido terminar con las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas, porque se trata de una práctica que además de vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos, cercena también sus derechos civiles y políticos.

Así se desprende del informe ‘Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad’, elaborado por la propia Fundación y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), presentado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española.

Según explicó Isabel Caballero, coordinadora de la FCM, “uno de los grandes problemas existentes es la falta de transparencia, algo que viola la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que España ha ratificado y que por tanto está obligada a cumplir”. Caballero explicó que no hay cifras de 2014 y 2015, pero que la FCM tuvo acceso a datos de ejercicios anteriores. Concretamente, desde 2005, más de 1.000 procesos, lo que supone una media de unos cien casos al año”, agregó.

Esta ausencia de cifras pone en evidencia la falta de cumplimiento de las recomendaciones que en su día hizo el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011 en materia de recopilación de datos y estadísticas.

Reivindicaciones

Además de la necesidad de que exista mayor transparencia estadística, la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez, ha exigido que se desarrollen políticas encaminadas a indemnizar a las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, que han sido esterilizadas; poner en marcha medidas para proporcionar formación sobre los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres con discapacidad, y derogar las leyes que amparen la práctica de esterilizaciones forzadas.

Ana Peláez también ha advertido de que en muchas ocasiones se llevan a cabo las esterilizaciones porque desde el entorno sociosanitario de la mujer con discapacidad se aconseja a la familia adoptar esta medida. “En algunos casos, hay centros que piden que para acceder, la mujer o niña con discapacidad tenga que estar previamente esterilizada”, ha denunciado la también vicepresidenta del EDF.

Igualmente, ha explicado que pese a la falta de datos existentes, la experiencia de la Fundación Cermi Mujeres y de otras entidades refleja que las esterilizaciones se llevan a cabo principalmente en tres momentos: “En la primera menstruación de la adolescente; cuando alcanza la mayoría de edad y empieza a relacionarse con otras personas de forma más independiente, o tras el nacimiento de un primer hijo o hija”.

SUECIA COMO EJEMPLO

“Esto no sólo se da en España, sino en muchos otros países que se saben desarrollados y comprometidos con los derechos humanos”, ha recalcado Ana Peláez, que ha ensalzado el ejemplo de Suecia, un Estado en el que las esterilizaciones forzadas están totalmente prohibidas y se ha indemnizado a las víctimas de esta práctica.

Por último, el acto ha incluido el testimonio de dos mujeres con discapacidad que han sido madres. Por una parte, la senadora Virginia Felipe, madre de dos hijos, y por otra, Almudena Martín, una mujer con discapacidad intelectual límite.

“Quien era mi pareja, durante el embarazo, cambió de opinión, y yo decidí ser madre pese a que no tenía ni trabajo ni casa propia. Ahora, mi hijo está perfectamente. ¿Por qué perder el derecho a ser madre si una mujer desea dar vida a otro ser?”, ha reflexionado Almudena, poniendo en valor la importancia de apostar por los apoyos necesarios que permitan a una mujer con discapacidad ejercer su derecho a la maternidad en igualdad de condiciones.

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