Plena Inclusión Madrid

Plena Inclusión Madrid demanda la inclusión de los servicios de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica en la cartera de Servicios Sociales

Plena Inclusión Madrid pide que los servicios de apoyo
que una persona necesita para su capacidad jurídica
estén incluidos entre los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
La capacidad jurídica es la posibilidad
que tiene una persona de ser dueña de sus derechos y obligaciones
sin que nadie tome decisiones por ella.

Varias organizaciones analizaron el cambio de la ley
que afecta a la capacidad jurídica de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo
en unas jornadas organizadas por el Colegio de Abogacía de Madrid.

Javier Luengo, el director general de Plena Inclusión Madrid,
dijo que el movimiento asociativo debe ser reconocido
porque ha sido el que ha entregado apoyos siempre
para la capacidad jurídica de las personas.

En las jornadas también estuvieron:
• Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogacía de Madrid.
• Mariano Casado, vicepresidente de Plena Inclusión Madrid.
• Ignacio Tremiño, director general de Atención a las personas
con discapacidad de la Comunidad de Madrid.
• Óscar Moral, presidente de CERMI Madrid.
• Óscar Álvarez, director de la Agencia Madrileña para el Apoyo
de las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD).
Todos ellos destacaron que el cambio de esta ley es muy importante
para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
y que deben tener los apoyos necesarios para que se cumpla la ley.

Plena Inclusión Madrid solicitará que los servicios de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica sean incluidos en la cartera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, tras la reciente reforma de la Ley de Servicios Sociales.

Esta es una de las principales conclusiones de la jornada celebrada esta semana en el ICAM sobre el impacto que la modificación de la Ley 8/2021 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal, está teniendo en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y las entidades sociales.

De esta manera, a juicio de Plena Inclusión Madrid, debe considerarse como servicio la prestación por parte de fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, este apoyo que además deberá ser compatible con cualquier servicio o prestación.

En este sentido, el director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo, apuntó que el Tercer Sector debe tener el reconocimiento al papel que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, como proveedor de los apoyos, un servicio imprescindible para la correcta aplicación de la Ley.

Los retos de un modelo transformador

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía Eugenio Ribón, fue el encargado de dar la bienvenida junto con el vicepresidente de relaciones institucionales Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado y el director general de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Ignacio Tremiño.

Ribón subrayó el papel del tercer sector en la aplicación de esta ley y puso en valor el papel del ICAM “como un colegio socialmente responsable que se preocupa por aportar un valor añadido a su entorno en especial a los colectivos vulnerables”.

El vicepresidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado destacó que la Ley 8/2021 es consecuencia del activismo de familiares, entidades y profesionales a lo largo de los últimos años y subrayó la necesidad de que su efectiva aplicación venga acompañada de recursos económicos suficientes.

Por su parte, Ignacio Tremiño señaló que durante años las personas con discapacidad han vivido un desierto y hay que poner en valor una ley como la 8/2021 “y agradecer a las personas de la abogacía y a las entidades la unión, al trabajo, al esfuerzo de las familias y personas con discapacidad que habéis hecho posible que hoy estemos hablando de esta reforma del código civil”.

El presidente de Cermi Madrid, Óscar Moral señaló que desde que se aprobó en 2008 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ha habido resistencias en la doctrina y en las Universidades por esta reforma. “En este nuevo modelo -recalcó- las personas tienen que ser escuchadas y contempladas. Es un cambio transformador y se crean nuevas figuras. Se abandona la idea de la intervención de la jurisdicción, ahora tiene que ser residual, cuando no quede más remedio. Es una Ley de proceso, que traerá cambios en los próximos años y esos cambios, es necesario asentarlos bien».

Por su parte, Óscar Álvarez, director de la AMAPAD (Agencia Madrileña para el Apoyo de las Personas Adultas con Discapacidad), indicó que la Ley es una “oportunidad increíble de mejorar la vida de las personas”.

El papel de los profesionales del trabajo social

La sesión contó con la participación de Marta Cubero García, profesora asociada en la Universidad Pontificia de Madrid y profesional de AMAPAD y Carmen Moralejo Moreno, trabajadora social del área de adultos de la Fundación Gil Gayarre, quienes destacaron el papel fundamental e insustituible que los profesionales de Trabajo Social en el nuevo modelo de provisión de apoyos.

Ambas coincidieron en destacar que los cambios que trae la nueva Ley provocan incertidumbre en las familias, y esta es una parte fundamental del trabajo de los profesionales de Trabajo Social.
A su juicio es importante que se unifique el lenguaje y la metodología en los procesos, que será una manera de dotar de mayor rigor y empoderamiento al trabajo que se realiza desde el ámbito del Trabajo Social, y es vital que se tenga en cuenta el diagnóstico social relacional de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Por otro lado, entidades expertas en la prestación de estos apoyos como EnveraFundación Kyrios y Futumad, todas ellas miembros de Plena Inclusión Madrid y de Liber, estuvieron representadas por Marta Muñoz Bel, Elena Jiménez Martín y Marta Sunyer. Todas ellas destacaron la necesidad de no incurrir en incompatibilidades entre la prestación de los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y los servicios de atención. De ahí la necesidad de crear un trabajo en red en el que se precisa la acreditación y el reconocimiento de organizaciones que lleven a cabo este trabajo.

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