El Gobierno ha aprobado un decreto-ley que regula la figura del consumidor vulnerable.
Se trata de un tipo de consumidor que puede sufrir abusos o fraudes por parte de empresas.
La ley incluye entre estos consumidores vulnerables a las personas con discapacidad.
Esta norma recoge una antigua reivindicación del CERMI.
El Gobierno ha dado luz verde a la regulación de la figura del consumidor vulnerable, que permitirá dotar de mayor protección y garantías a los consumidores y usuarios que se encuentren en una especial situación de «indefensión o desprotección» y entre los que incluye a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La aprobación de este Real Decreto-ley satisface una reivindciación que el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) viene defendiendo desde hace años para garantizar que las personas que conforman el colectivo tengan acceso a sus derechos en igualdad de condiciones.
La figura del consumidor vulnerable quedó recogida en el Boletín Oficial del Estado el 19 de enero, un día después de que fuera aprobada en el Consejo de Ministros. Esta novedad es fruto de la modificación del exto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
«Situación de desventaja y desprotección»
El decreto-ley establece como consumidor vulnerable a aquella persona que «se encuentra en una situación de desventaja, desprotección, indefensión o subordinación frente a empresas, aunque sea de forma temporal, territorial o sectorial, debido a sus características, necesidades o circunstancias personales». La norma integra en este grupo, y así lo menciona varias veces en su preámbulo, a las personas con discapacidad, a las que protege ante posibles casos de abuso, fraude, engaño o estafa.
Para lograr este objetivo, advierte de la importancia de poner el foco en aspectos como el etiquetado de productos, los contratos, las y los servicios de atención al cliente.
El CERMI ha aplaudido esta medida, que sienta las bases para la creación de los mecanismos suficientes para proteger a los consumidores más expuestos a la vulneración de sus derechos, como son las personas con discapacidad.