El Ministerio del Interior ha presentado los resultados del informe sobre delitos de odio del año 2020.
Este informe muestra que el número de delitos ha sido menor que en 2019, debido al confinamiento.
Sin embargo, los delitos hacia personas con discapacidad son los que más han crecido.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el responsable del Sistema Estadístico y Atención a Víctimas de la Dirección General de coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Javier López, presentaron ayer en rueda de prensa el Informe sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España correspondiente a 2020.
La presentación de los resultados tuvo lugar al término de la reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los delitos de odio. El informe muestra una disminución del número total de delitos e incidentes registrados respecto a 2019, atribuidos al confinamiento domiciliario sufrido a raíz de la Covid-19. Sin embargo, los delitos de odio hacia personas con discapacidad han sufrido un incremento del 69%. Por detrás, aquellos por razón de enfermedad, y los de ‘antigitanismo’. Los más denunciados en 2020, los relacionados con el racismo, que superan a los de ideología respecto a 2019.
Sólo 1 de cada 10 denuncia
Según el Ministerio del Interior, la estadística del primer semestre de 2021, aún provisional, muestra ya un incremento de los delitos de odio de más de un 9% que en el mismo periodo de 2019, año en el que sin confinamiento se produjo la cifra máxima desde que se recogen estadísticas.
Durante la rueda de prensa se ha dado cuenta de los resultados del análisis de un formulario encuesta realizado sobre delitos de odio, que revela que sólo 1 de cada 10 víctimas denuncia haber sufrido un delito de odio, siendo la desconfianza o la falta de credibilidad los motivos que arguyen aquellos que optaron por guardar silencio.
Los delitos de odio y las personas vulnerables
Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI, quien participó en la reunión de la comisión de seguimiento, ha alertado de que “las personas más vulnerables pueden ser las más afectadas por delitos de odio” y ha recordado que la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad recoge la protección frente al abuso y la integridad personal.
Hace unos meses, el CERMI, presentaba el Informe España de Derechos Humanos y Discapacidad correspondiente al año 2020, un año marcado por el cuestionamiento de derechos en el marco de la Covid-19 y en el que se recogieron 406 denuncias frente a 75 avances y 53 propuestas de mejora, un hecho que, para CERMI, evidencia que la Convención “sigue sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad”.