Plena Inclusión Madrid

CERMI Madrid exige al Gobierno recuperar la partida de 1.000 millones para gasto social del fondo extraordinario para las autonomías

CERMI Madrid ha pedido al Gobierno que no elimine la partida de mil millones de euros que estaba prevista para gasto social entre el presupuesto para la recuperación social y económica. 

La partida prevista ha desaparecido y se ha destinado a educación. 

CERMI cree que la educación necesita recursos pero que los servicios sociales no pueden quedarse atrás. 

CERMI cree que si hace falta, hay que destinar más recursos. 

CERMI también ha dicho que el Ingreso Mínimo Vital es una gran noticia. Pero cree que se ha elaborado de forma precipitada y que puede ser mejorado.

 

CERMI Comunidad de Madrid se ha sumado hoy a la reivindicación planteada por el CERMI Estatal y exige al Gobierno central que no elimine en ningún caso la partida de 1.000 millones de euros de gasto social que estaba contemplada en el fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones para que las comunidades y ciudades autónomas puedan hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19 y encarar la recuperación social y económica.

El Gobierno anunció este domingo a los presidentes autonómicos que el fondo de 1.000 millones para inversión social desaparecía para, junto a otros 1.000 millones del gasto en sanidad, crear una partida de 2.000 millones para la educación.

En este sentido, el movimiento CERMI destaca que “por supuesto que la educación necesita recursos económicos, pero estos no pueden proporcionarse detrayéndolos de lo social que, con la sanidad, ha sido el sector más castigado por la pandemia”.

Que los servicios sociales no queden atrás

A juicio de CERMI, no se pueden olvidar los servicios y los apoyos sociales en estos fondos extraordinarios, ya que no tiene ningún sentido que se pongan en marcha estos 16.000 millones para afrontar los efectos de la pandemia y preparar la recuperación y, en cambio, se olviden los servicios sociales y de acompañamiento a la inclusión, siempre débiles y que han quedado gravemente dañados por la COVID-19.

La entidad incide en que el Gobierno debe mantener esta partida presupuestaria de 1.000 millones y, para ello, si es preciso, el fondo extraordinario de 16.000 millones debe aumentarse, porque “si lo social no está en el centro, las personas más vulnerables, como es el caso de muchas personas con discapacidad y sus familias, quedarán más expuestas a las graves consecuencias de la pandemia”.

La reivindicación fue planteada por el CERMI en un encuentro con los CERMIS Autonómicos en el que el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, alabó la labor de las estructuras territoriales de la discapacidad durante la pandemia y en la fase de desescalada, “haciendo muchas veces posible lo imposible gracias al esfuerzo de tantas personas”.

El IMV, susceptible de mejora

Por otra parte, CERMI ha calificado de “hito social” la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), una reivindicación histórica del tercer sector de acción social, en general, y del ámbito de la discapacidad, aunque ha instado a que este miércoles, las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados acepten tramitarlo como proyecto de ley para poder introducir enmiendas que mejoren el texto.

En opinión del CERMI, el IMV debe brindar una mayor protección a las personas con discapacidad y debe corregir, respecto de su redacción actual, el requisito de que los beneficiarios deben tener su capacidad jurídica intacta. “No podemos dejar fuera de este nuevo instrumento del estado del bienestar a las personas con apoyos judiciales para la toma de decisiones si por nivel de renta tienen derecho a esta prestación, porque no tiene ningún sentido y atenta contra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, ha insistido la entidad.

El CERMI ha defendido también que hay más cuestiones en la regulación del IMV que necesitan mejorar para las personas con discapacidad y esto solo se puede conseguir si se tramita como Proyecto de Ley y subsana el texto vigente, aprobado con toda celeridad y que no ha sido objeto de un diálogo profundo con los sectores sociales.

Por último, se ha hecho un llamamiento a las administraciones para que, en todo momento, tengan presente a las personas con discapacidad y sus familias en el diseño de las medidas de reconstrucción, para que pueda hacerse posible el principio que viene planteándose desde las propias instituciones de “no dejar a nadie atrás”.

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