CERMI Madrid pide a la Comunidad de Madrid que no se discrimine a las personas con discapacidad en la crisis por el coronavirus.
Exige que los pacientes con discapacidad sean tratados como el resto de la población.
Pide material de protección y personal sanitario suficiente para las residencias en las que viven las personas con discapacidad.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) ha pedido al Gobierno regional que aplique las medidas oportunas y establezca un protocolo claro y sin equívocos para salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas con discapacidad. En una carta remitida a la Consejería de Sanidad, el presidente de la entidad, Óscar Moral. exige que se garanticen el derecho a la vida y la protección de la salud de las personas con discapacidad que tienen su domicilio tanto en centros residenciales (públicos, privados o concertados) como en viviendas particulares, y que se eliminen los elementos discriminatorios y de desigualdad por razón de discapacidad.
En este sentido, señala que los borradores sobre el procedimiento de atención a los pacientes con discapacidad que se encuentran en centros residenciales de la Comunidad de Madrid durante la crisis del coronavirus contienen «elementos claramente discriminatorios y de desigualdad por razón de discapacidad, contrarios a los mandatos contenidos en nuestro Ordenamiento Jurídico» y, especialmente, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
CERMI Madrid recuerda que la actuación de las profesionales de la salud debe regirse por los mandatos imperativos de los derechos humanos sin discriminación alguna, por lo que es censurable que se actúe con prejuicios o sesgos que consideran menos prioritaria la vida de aquellas personas a las que se considera «diferentes» o de «menor valor social».
Por ello, muestra su preocupación e insta a que la derivación hospitalaria sea igual y en las mismas condiciones al resto de la población, además de que se proscriba el criterio de “utilidad social” para salvaguardar la salud y el derecho a la vida de las personas con discapacidad.
Por otra parte, la entidad que representa a 9 federaciones y más de 300 entidades del ámbito de la discapacidad, exige que los centros residenciales que atienden a personas con discapacidad dispongan de los equipo de protección adecuados y suficientes para evitar y contener el contagio por COVID-19, así como el personal o los medios sanitarios necesarios para atender con garantías a los usuarios de estos servicios.