Plena Inclusión Madrid

Plena Inclusión Madrid destaca el espíritu con el que se ha redactado el proyecto de Ley de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las personas adultas con discapacidad y reclama recursos suficientes para hacerla efectiva

El presidente de Plena Inclusión Madrid ha intervenido en la Asamblea de Madrid.

Se ha referido a la Ley que regula la futura Agencia Madrileña para el Apoyo a las personas adultas con discapacidad. 

Tomás A. Sancho ha valorado el espíritu y el contenido de la Ley. 

Ha dicho que es fiel a la Convención de Derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. 

Sancho también ha reclamado recursos para que su contenido pueda ser una realidad y que las personas cuenten con apoyos reales para la toma de decisiones. 

El presidente de Plena Inclusión Madrid ha propuesto que las entidades de la discapacidad trabajen en colaboración con la Agencia, y que puedan formar parte de su Comité de Ética.

 

El presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, ha destacado hoy el espíritu con el que se ha redactado el proyecto de Ley de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las personas adultas con discapacidad durante una comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid.

Sancho, que comparecía a petición del Grupo Parlamentario Socialista, ha destacado la importancia que se da en el proyecto al diseño de los planes individualizados de atención para cada persona. Planes que, dijo, permitirán garantizar el respeto a la voluntad y la adaptación de las medidas de apoyo a las necesidades específicas de cada una de ellas. Un hecho que, ha señalado, “sintoniza con los principios inspiradores de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, y con la Ley 8/2021 por la que se regula la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”.

En este sentido, el presidente de Plena Inclusión Madrid, ha deseado que esta misma sintonía pueda estar presente también en la futura Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y en futuros modelos de atención impulsados por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid.

No escatimar en recursos que permitan que su aplicación sea efectiva

El presidente del movimiento asociativo de la discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno que no escatime en recursos económicos en todo lo que tiene que ver con asegurar los derechos de las personas con discapacidad, y ha pedido responsabilidad a los grupos parlamentarios para que la futura Ley que regule la Agencia cuente con recursos suficientes para ser efectiva.

“En nuestro colectivo nos gusta hablar de derechos”, dijo Sancho, “pero nos vemos abocados a hablar permanentemente de dinero porque no hay recursos suficientes para dar a las personas una atención de calidad, individualizada y acorde a sus necesidades”

Colaboración con el Tercer Sector

Si bien esta Ley se adapta al espíritu de la Convención, Sancho advirtió que son necesarios los recursos, los instrumentos y la estrecha colaboración con las entidades representativas de la discapacidad para que la ley sea efectiva para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Para Sancho, las entidades del Tercer Sector, cuyos profesionales prestan servicios a las personas apoyadas por la Agencia, son una fuente de conocimiento imprescindible para garantizar el ejercicio de su voluntad. Desde la comparecencia, Sancho consideró fundamental que las entidades sociales puedan estar presentes en el Comité de Ética que funcionará como órgano consultivo de la Agencia.

Desde el movimiento asociativo plena Inclusión Madrid, confían asimismo en que se realice un auténtico esfuerzo en formar convenientemente a los profesionales que prestarán los apoyos, a los operadores jurídicos, en garantizar la participación efectiva de las personas en las revisiones de su sentencia asegurándose de que conocen y comprenden lo que esto implica, y en avanzar en el reconocimiento de la figura de los facilitadores judiciales.

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