Plena Inclusión Madrid

El movimiento asociativo reclama que las Administraciones asuman el coste de los test de COVID-19 en los recursos de personas con discapacidad intelectual

Pedimos que los gobiernos paguen las pruebas de COVID-19 a los usuarios de recursos para personas con discapacidad intelectual.

Estas pruebas son fundamentales para evitar contagios.

Las pruebas deben ser realizadas a los usuarios y también a los profesionales de estos recursos.

Ahora, solo algunas comunidades autónomas asumen el coste de las pruebas en los centros para personas con discapacidad intelectual.

Plena Inclusión Madrid se une a la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha reclamado que el coste de todas las pruebas diagnósticas para detectar posibles contagios por COVID-19 de personas con discapacidad atendidas en recursos sociales, así como de los profesionales que les atienden, sea asumido por las respectivas Administraciones como cuestión de salud pública.

Tal y como ha explicado el CERMI, las personas con discapacidad que reciben atención en recursos como residencias, viviendas de apoyo, centros de día y ocupacionales, servicios de atención temprana o de asistencia personal y el personal de estos recursos son un grupo especialmente expuesto al contagio, por lo que es de “interés público sanitario” que se reconozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnósticas del COVID-19.

En la actualidad, la asunción del coste de estas pruebas depende de la comunidad autónoma en la que se halle el recurso de atención a personas con discapacidad. “En unas pocas el coste de estas pruebas corre a cargo de la Administración sanitaria o social competente”, explica el CERMI, “pero en la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia”.

“Muchos no podrán afrontar el pago”

Al respecto, el movimiento asociativo de la discapacidad entiende que “en una situación de pandemia, todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o control de la enfermedad, son asuntos de salud pública de primer orden, por lo que han de recaer necesariamente en las Administraciones, y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad”.

El CERMI añade que proyectar el coste de las pruebas diagnósticas en los usuarios y usuarias de estos servicios sociales es, además de “profundamente injusto, un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia, pues muchas personas no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas y quedarán desprotegidas, ellas y su entorno”.

Por ello, el CERMI exige al Estado y a las Comunidades Autónomas que, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopten “con urgencia” acuerdos para garantizar en todos los territorios la gratuidad y universalidad de los test de la COVID-19 en el ámbito de la discapacidad.

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