Plena Inclusión Madrid

Aprobado un decreto para impulsar el empleo de las personas con capacidad intelectual límite

El Gobierno ha aprobado una ley para crear más empleo para personas con capacidad intelectual límite.

Las personas con capacidad intelectual límite son las que tienen una discapacidad reconocida de entre el 20 y el 33 por ciento.

Las empresas que contraten a estas personas tendrán ayudas de 2.000 euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el real decreto con medidas para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite, que fue aprobado esta semana en el Consejo de Ministros y que entrará en vigor el 1 de junio. La iniciativa, impulsada por los ministerios de Trabajo y de Derechos Sociales, responde al mandato contenido en la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De acuerdo con el real decreto, el Gobierno presentará en el plazo de 12 meses medidas de acción positiva para impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual de más de un 20 por ciento y de menos del 33 por ciento, y las personas sordas y con discapacidad auditiva, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento.

Sus empleadores podrán acceder a una subvención de hasta 2.000 euros por cada contrato indefinido a tiempo completo, cantidad que deberá ser destinada a la adaptación de los puestos de trabajo y a “la eliminación de barreras y de obstáculos” que puedan dificultar la inserción laboral de estas personas.

Además, los contratos para la formación y el aprendizaje podrán ampliarse hasta un plazo máximo que no podrá exceder de cuatro años, si el trabajador no hubiese alcanzado el nivel mínimo de conocimientos requeridos para desempeñar el puesto. 

La iniciativa ha contado con el impulso del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que insistió en la necesidad de regular incentivos para aquellas personas con discapacidad intelectual que no alcanzaban el límite del 33% y que, por ello, quedaban excluidas de las medidas genéricas de promoción del empleo.

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