La Oficina del Defensor del Pueblo da la razón a Plena Inclusión España por su queja contra la Junta Electoral Central.
La Junta Electoral Central permitía anotar los datos de las personas con discapacidad que supuestamente no votaran de forma libre.
Plena Inclusión España considera que esta norma vulnera los derechos de las personas con discapacidad.
La decisión sobre las personas que votaban o no libremente debían tomarla los miembros de la mesa electoral, los interventores y los apoderados de los partidos políticos.
La Oficina del Defensor del Pueblo ha respondido positivamente a la reclamación planteada por Plena inclusión España en la que se denunciaba una directriz discriminatoria de la Junta Electoral Central (JEC), según la cual los interventores y apoderados podían recabar los datos de las personas con discapacidad intelectual que, bajo su criterio, no votaran de forma consciente, libre y voluntaria y a reflejarlo en acta. La respuesta a la queja por la instrucción enviada antes de las elecciones generales del 29 de abril se produce a pocos días de celebrarse unos nuevos comicios, el próximo 10 de noviembre.
La comunicación del Defensor del Pueblo recomienda “que se revisen las instrucciones dictadas respecto a la aplicación de la LOREG (Ley Electoral) al objeto de evitar una interpretación discriminatoria de la misma respecto a las personas con discapacidad”. En concreto, recomienda eliminar “la facultad de apreciación subjetiva de los miembros de mesa, interventores y apoderados de valorar el voto de esas personas”.
Asimismo, la carta del Defensor del Pueblo “valora los antecedentes de la queja y el informe remitido por Plena inclusión”, recomendando “que se evite una alusión injustificada y directa en el título (de la instrucción) que suponga una discriminación indirecta”. Esta era, precisamente, la principal demanda de Plena inclusión cuando el pasado 19 de marzo la JEC rectificó el primer texto de la instrucción, pero mantuvo la posibilidad de discriminación subjetiva.
El presidente de Plena Inclusión España, Santiago López, ha agradecido la sensibilidad mostrada por el Defensor del Pueblo al respaldar el «propósito de corregir una injusticia flagrante contra las personas con discapacidad intelectual”, un colectivo que en España supera las 250.000 personas.
Reunión con la Junta Electoral Central
Por otro lado, Plena Inclusión España ha agradecido la buena disposición mostrada por Antonio J. Fonseca-Herrero, presidente de la JEC, que se reunió con una delegación del movimiento asociativo para escuchar sus propuestas sobre la mejora de la accesibilidad cognitiva al proceso electoral.
En el encuentro, los representantes de Plena Inclusión plantearon propuestas para hacer más comprensible el ejercicio de este derecho fundamental para las decenas de miles de personas con discapacidad intelectual que votan. Aportaron una batería de manuales y recursos de apoyo en lectura fácil, además de proponer un sistema de señales y de cartelería común, fácil de entender, para que esté disponible en todos los colegios electorales.
El presidente de la JEC mostró su apoyo a esta iniciativa en dicha reunión, a la que asistieron el vicepresidente de Plena Inclusión España, Juan Pérez; la responsable del Departamento Jurídico, Inés de Araoz; y el técnico de Accesibilidad Cognitiva, Antonio Hinojosa.
Una de las principales reivindicaciones de Plena Inclusión es la necesidad de que exista una normativa en forma de Real Decreto, que asegure el cumplimiento de la administración electoral de las medidas con las que facilitar la comprensión del acto de votar para todas las personas. “Con un Real Decreto se garantizaría la financiación pública de estas medidas y se evitaría que dependa de la buena voluntad de algunas juntas electorales de zona la implantación de sistemas de accesibilidad cognitiva”, recuerda Inés de Araoz.
En las próximas elecciones, por ejemplo, 900 colegios electorales de Extremadura contarán con más de 17.000 carteles en lectura fácil gracias a una iniciativa conjunta de la Junta de Extremadura, Plena Inclusión y la Junta Electoral de zona.
Una reforma de la LOREG (Ley Orgánica de Régimen Electoral) permitió que 100.000 personas incapacitadas judicialmente (en su mayoría personas con discapacidad intelectual) recuperaran su derecho al voto a finales de 2018.