Plena Inclusión Madrid

Solicitamos medidas y protocolos claros para una desescalada segura en los recursos de atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

Plena Inclusión Madrid se ha dirigido a las consejerías de Política Social, Sanidad y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
 
La Federación les ha enviado un documento con propuestas para la desescalada y para la vuelta a la normalidad.
 
En ese documento solicita: 

–       Máxima prudencia en la vuelta a la normalidad.
–       Medidas de seguridad y EPIS para profesionales
–       Protocolos claros para la desescalada
–       Flexibilidad para adaptarse a las fases
–       Combinar atención presencial con telemática
–       En caso de rebrotes, planes de actuación.
–       Test para profesionales y usuarios 

El Presidente de Plena Inclusión Madrid recuerda que el colectivo es muy vulnerable y que requiere apoyos personales e intensos. 

También ha recordado que la crisis tiene un gran impacto en
las organizaciones de personas con discapacidad.

Estas organizaciones mantenían financiación similar a la de 2008, con la anterior crisis económica. 

Por ese motivo, el presidente de Plena Inclusión Madrid
solicita respuestas para su financiación a corto y medio plazo,
para garantizar su sostenibilidad y
la atención esencial a este colectivo.

Plena Inclusión Madrid ha solicitado a la Comunidad de Madrid que provea a las entidades de movimiento asociativo de medidas de seguridad y protocolos claros para poder afrontar con garantías la desescalada en los recursos de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En un documento remitido al Gobierno regional por el presidente, Mariano Casado, y refrendado por la Junta Directiva, expone, asimismo, la necesidad de contar con flexibilidad temporal para aplicar las medidas correspondientes a las distintas fases, con el fin de asegurar la correcta atención a las personas a las que atienden estas entidades y a sus familias.

El documento recoge las principales preocupaciones y necesidades del sector, que requiere de una serie de principios básicos para que la incorporación presencial de miles de profesionales y usuarios de sus centros y servicios se realice con las máximas garantías. Estos principios son: máxima prudencia, seguridad, progresividad, gradualidad, garantía ante posibles rebrotes y sostenibilidad.

Casado hace hincapié en que los recursos de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo requieren de medidas y protocolos específicos, ya que estas personas constituyen un colectivo altamente vulnerable que en ocasiones presentan alguna patología médica asociada, lo que incrementa su riesgo ante la COVID-19. A este riesgo se suma la dificultad de aplicar las normas preventivas en la atención y cuidado de las personas con mayores necesidades de apoyo, que requieren un contacto físico más estrecho o tienen complicaciones para utilizar EPIS de forma continuada.

A todo ello hay que sumar la inquietud de las familias ante cómo se van a desarrollar en los centros los servicios complementarios a la atención, como pueden ser la gestión de rutas o el servicio de comedor.

La necesaria realización de test

Por otra parte, Casado ha reiterado la necesidad de realizar test diagnósticos de la COVID-19, y de repetirlos periódicamente, tanto a los profesionales como a las personas con discapacidad que son atendidas en estos recursos, y protocolos claros desde la Administración para proteger la salud de todos ellos. Estos protocolos deben recoger los pasos a seguir para una adecuada desinfección de las instalaciones, los equipos de protección individual necesarios en cada situación, planes de contingencia ante posibles rebrotes, etc.

Traslada además al Gobierno regional la necesidad de otorgar a las entidades la suficiente flexibilidad temporal para poder adecuar las necesidades de atención de las familias con la situación de cada uno de los recursos, sin tener que atender a los 15 días establecidos, a priori, para cada una de las fases de la desescalada.

De este modo, será más sencillo organizar la combinación programada de la atención presencial con la telemática que se prevé como modelo de atención para el futuro más próximo, junto con una mayor colaboración con las familias para detectar el nivel de necesidad de atención de las personas con discapacidad: trastornos de conducta, situación familiar, salud, etc. 

Diálogo sobre la financiación

En el documento, remitido al consejero de Políticas Sociales, a la Dirección General de Discapacidad, al consejero de Sanidad y a los portavoces de los grupos parlamentarios de  la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Plena Inclusión Madrid recuerda que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 impacta en una red de organizaciones que ya atravesaban una situación compleja para mantener el equilibrio entre la alta calidad de la atención y los recursos económicos que recibe de la Administración, con niveles de financiación similares al 2008. Por ello, propone generar procesos de diálogo que den respuestas de financiación a corto plazo por las urgencias provocadas por la COVID-19 y a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de un sector esencial en el horizonte de la “nueva normalidad”.

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