Gerardo Echeita, profesor de psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha señalado que, si no se mejora la capacidad de respuesta de los centros ordinarios al alumnado con necesidades especiales, se aumenta la proliferación de medidas, dispositivos y centros especiales segregadores y excluyentes para atender a la diversidad.
Echeita realizó estas declaraciones en el transcurso de su comparecencia ante la subcomisión del Congreso de los Diputados en la que se aborda la elaboración de un pacto de Estado social y político por la Educación.
El profesor experto en educación inclusiva, consideró que el compromiso hacia la educación inclusiva en estos momentos, decrece. Decrece porque no crece. Más bien -ahondó- las políticas de las Administraciones dirigidas a promover, financiar, acompañar y sostener los amplios y sistémicos procesos de mejora escolar e innovación educativa que se necesitan para el desarrollo de una educación inclusiva, están ausentes.
A juicio de este experto, la educación inclusiva y la especial actúan como vasos comunicantes, de tal manera que, si en la primera los dispositivos que han de ponerse en marcha para dar una respuesta educativa digna y aceptable, no funcionan, se hace un flaco favor a la mejora de la equidad. Los Centros Ordinarios dejan de sentir la presión para el cambio y puede servir para justificar que no es necesario ese esfuerzo para cambiar.
En su comparecencia, Echeita recordó que la nueva ley de educación debe responder al compromiso inequívoco de garantizar la equidad educativa que es una condición necesaria para lograr que la educación escolar sea inclusiva.
Echeita lamentó el aumento progresivo del alumnado en educación especial que en Madrid dijo es de un 25 por ciento, cuando hace tiempo que deberíamos estar en un contexto distinto. El gran reto, un cambio de rumbo que parta de la premisa de que a la escuela han de ir todos y de que el conjunto del sistema ha de tener mucha más capacidad para hacer frente a las necesidades del alumnado y que los recursos necesarios lleguen a los centros, no por la vía de ir categorizando, sino por ley.
El profesor, quien apuntó que han de desarrollarse los mandatos que han recibido los Estados y entre ellos España para la puesta en marcha de la educación inclusiva, señaló que ésta no es una aspiración destinada a una población en particular, sino una meta que quiere ayudar a transformar el sistema educativo para que todo el alumnado, sin restricciones, tenga oportunidades equiparables. Ese todos, es un todo absoluto, referido también al alumnado con amplias y extensas necesidades de apoyo.
Para Echeita, es preciso prevenirnos del riesgo que tiene seguir con políticas educativas como las actuales, cuyas actuaciones en materia de equidad, se basan en una categorización del alumnado. Se trata –dijo- de un difícil proceso de transformación educativa y social que supone un gran esfuerzo y mientras se avanza, habrá alumnos más vulnerables a la segregación, la marginación y el fracaso, quienes por razones de justicia han de ser los primeros en nuestras preocupaciones y planes de acción.
Se ha de ser capaz –según el experto de la UAM- de iniciar y sostener procesos sistémicos de reforma, mejora e innovación educativa para trasladar la educación inclusiva, del olimpo de los deseos a la realidad de las aulas y eso supone llevar a cabo la tarea irrenunciable de reconocer las múltiples barreras que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación que existe actualmente y transformarlas en elementos facilitadores de una acción educativa con capacidad para personalizar la enseñanza y ajustarla a la diversidad del alumnado.
Echeita señaló que en nuestro país existe conocimiento y capacidad para llevar a cabo el proceso, pero –matizó- no está claro que tengamos voluntad política suficiente para movilizar ese saber disponible y enfrentarnos a las turbulencias y resistencia que este proceso va a originar en los sistemas educativos.
El profesor de la Autónoma indicó que para sostener el proceso hay que asentar una visión compartida fuertemente arraiga en valores y principios educativos inclusivos: la dignidad intrínseca de todo ser humano, la justicia que vela contra la discriminación, la acción benefactora que se preocupa por los más débiles y la responsabilidad para mejorar las circunstancias que generan desigualdad.
El desarrollo de un liderazgo escolar sólido, fuertes y consistentes culturas políticas y prácticas colaborativas y la formación desde el inicio a todo el profesorado para que desde todas las etapas cuenten con las competencias necesarias, son también fundamentales.
En este sentido, destacó que si la nueva ley no contempla de forma prioritaria las acciones de formación permanente, asesoramiento psicopedagógico y apoyo a los centros en su proceso de mejora e innovación, estaremos de nuevo ante la frustración de ver de nuevo incumplidas algunas buenas intenciones.
Echeita se refirió también a los servicios de orientación que, especialmente en infantil y primaria, consumen gran parte de su tarea en la diferenciación y el diagnóstico del alumnado, cuando su tarea más importante en otras circunstancias debería ser el asesoramiento, el acompañamiento y el apoyo.
Respecto al bilingüismo opinó que éste es un reto desde el punto de vista de la equidad. Hay una respuesta que puede ser peligrosa, porque los centros están tomando esta política como la excusa para dejar fuera a alumnos más vulnerables. No hay que renunciar a este tipo de educación, sino buscar fórmulas inclusivas.