Plena Inclusión Madrid

El CERMI pide la anulación inmediata de la resolución de la Junta Electoral Central que cuestiona el voto de las personas con discapacidad

El CERMI ha exigido a la Junta Electoral Central que anule la instrucción que ha publicado referente al voto de las personas con discapacidad.

Esta instrucción permite a algunas personas de las mesas electorales cuestionar si el voto de una persona es libre o no.

CERMI considera que esta instrucción contradice el espíritu de la reforma legal lograda a finales de año.

También cree que señala a las personas y las coloca en desventaja. 

Para Mariano Casado, la resolución cuestiona el derecho al voto y fomenta los prejuicios hacia el colectivo de personas con discapacidad. 

 

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido a la Junta Electoral Central a que anule con “carácter inmediato” la instrucción que permite a determinados agentes electorales –interventores, apoderados– “cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad”, que el próximo 28 de abril podrán votar en los comicios generales.

Esta organización ha indicado en un comunicado que la instrucción, elaborada y aprobada “sin participación ni consultas” con el movimiento social de la discapacidad, entra en “contradicción clara” con el espíritu y la letra de la reforma electoral de diciembre de 2018 que ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, “restringiendo y debilitando el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones”.

A juicio del CERMI, cuyo presidente Luis Cayo se ha dirigido a la JEC para solicitar la revisión urgente de la resolución, la decisión de la Junta está “cargada de un enfoque sesgado y prejuiciado” contra las personas con discapacidad, “señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha”, que, según advierte, “las coloca en una situación de desventaja grave” a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera.

En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, al considerar que la resolución de la Junta pone en cuestión el derecho al voto de las personas con discapacidad, un debate que ya se había superado, y lo hace además de una manera peligrosa, fomentando los prejuicios hacia un colectivo al que pone bajo la lupa y el análisis del resto de la sociedad y prejuzgando la calidad de su voto.

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