Plena inclusión España y el Ministerio de Inclusión, han firmado un acuerdo de colaboración.
Gracias a este acuerdo, podrán fomentar el empleo de personas con discapacidad intelectual que tienen riesgo de exclusión.
Las personas con discapacidad intelectual son las que tienen más dificultades
para encontrar trabajo.
Además, el salario de las personas con discapacidad intelectual no llega a 12.000 euros al año.
1 de cada 4 personas con discapacidad intelectual está en situación de pobreza.
45 organizaciones de Plena inclusión van a poder impulsar planes de empleo personalizado. 13 de ellas son de Plena Inclusión Madrid.
El Ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha presidido el acto de la firma del acuerdo.
Representantes de Plena inclusión España y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar el empleo entre cientos de personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión social.
En el proyecto, que se extenderá a 12 comunidades autónomas y a Ceuta, se van a implicar 45 asociaciones de Plena inclusión que ya tienen experiencia de implementación de planes de empleo personalizado, una metodología innovadora que conecta las capacidades de la persona que busca trabajo con las necesidades de la empresa empleadora. La financiación de las acciones previstas corresponde al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Trece de las entidades participantes pertenecen a entidades de REDEmpleo* de Plena Inclusión Madrid, una red integrada por los principales Servicios especializados que promueven la Inserción Laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la empresa ordinaria, mediante una metodología contrastada como es el Empleo con Apoyo.
Alianzas contra la exclusión social
El acto de firma del convenio, que ha estado presidido por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, y han participado la secretaria general de Objetivos y Políticas de inclusión, Milagros Paniagua, y el director de Plena inclusión España, Enrique Galván, supone una apuesta decidida de la administración estatal por la colaboración con la sociedad civil organizada en un proyecto crítico en la lucha contra la exclusión social. De hecho, entre las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a las que se dirige este proyecto se hallan personas reclusas, aquellas con más necesidades de apoyo o las que perciben prestaciones no contributivas.
El colectivo con más dificultades de acceso al empleo
Las personas con discapacidad intelectual son, de acuerdo con los datos más recientes que se
disponen, las que tienen más dificultades de encontrar un puesto de trabajo. Si la tasa de actividad de la población sin discapacidad en 2019 era del 74,9%, la tasa de actividad para el colectivo de las personas con discapacidad intelectual fue de 31,1%, es decir más de 43 puntos menos. A esto se le une que el salario medio de una persona con discapacidad intelectual no llega a 12.000€ al año. Además, una de cada 4 personas con discapacidad está en situación de pobreza y se sitúa, por lo tanto, en el grupo de población con un alto riesgo de exclusión social y en situación de especial vulnerabilidad.
Este proyecto de empleo personalizado se enmarca en una iniciativa global junto a entidades como Fundación ‘Save the Children’, Cáritas, Hogar Sí, Fundación Secretariado Gitano y otras. Con todas ellas se van a establecer alianzas, en coordinación con el Ministerio de Inclusión que buscan generar evidencias sólidas para mejorar la situación de riesgo y exclusión de todas las personas con las que trabajamos.