Plena Inclusión Madrid

Informe sobre el cumplimiento de cuota de reserva para personas con discapacidad en empresas madrileñas

La Fundación Prodis ha encargado a la IE University Legal Clinic la realización de un estudio sobre el cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGDPD), en empresas en empresas medianas en la ciudad de Madrid.

Según la Ley General de Derechos de personas con discapacidad l (LGDPD) promulgada en 2013, existe la obligación para las empresas con 50 o más trabajadores de que el 2% de la plantilla se reserve para personas con algún tipo de discapacidad. Si bien la LGDPD es reciente, esta medida está en vigor desde 1982, entonces con la Ley de Integración Social de Minusválidos. Tanto la ya derrogada como la actual en vigor, estabecen además, una serie de medidas alternativas para cuando las empresas no puedan cumplir con la cuota del 2%.

La investigación llevada a cabo por la Fundación Prodis tiene como objetivo conocer el grado de cumplimiento de la LGDPD, identificar los factores que inciden en el acceso de las personas con discapacidad a dichos puestos de trabajo y analizar el grado de cumplimiento de las medidas alternativas y su grado de aplicación.

Los resultados del estudio están muy lejos de alcanzar el objetivo marcado por la Ley del 2%. De las 560 empresas seleccionadas, solo han respondido 60, es decir, un 10,7%.

Un 55% respondieron cumplir con la obligatoriedad de contratar a personas con discapacidad, mientras que el 43,3% respondía que no.

De acuerdo con los datos aportados, las empresas de Madrid que respondieron a la encuesta tienen contratadas un total de 33 personas con discapacidad. Si se cumpliese el 2% marcado por la Ley, deberían ser un total de 98 las personas con discapacidad contratadas, sin tener en cuenta a las empresas que no han contestado la encuesta.

Uno de los motivos que se argumentan para la no contratación de personas con discapacidad es que su actividad es especializada. Si esto es así, se debería sustituir la contratación por las medidas alternativas contempladas en la Ley.

Otro motivo digno de reseñar es que, las empresas que han participado en el estudio, no reciben Currículum Vitae de personas con discapacidad.

Respecto al conocimiento de las medidas alternativas, los datos nos indican que el 43,47% de las empresas que han contestado a la encuesta no las conocen. Hay un gran número de empresas que desafortunadamente no tienen conocimiento de las existentes medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad. Esto supone un gran problema, ya que la falta de información conlleva a las empresas a no cumplir la ley en vigor.

Además, tal y como ha podido observarse, muchas de las empresas que conocían sus obligaciones derivadas de la LGDPD, no habían aprovechado las opciones adicionales existentes tales como las medidas alternativas. La aplicación de las medidas alternativas sólo se lleva a cabo por el 34,88% de las empresas que SÍ las aplican y el 65,12% restante NO las emplean.

Para conocer el estudio completo pinche aquí:
Informe Prodis Ley Discapacidad