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Plena Inclusión Madrid asiste a la presentación de los primeros facilitadores judiciales de la Comunidad de Madrid, un hecho que supone un respaldo al trabajo realizado hasta ahora por la federación madrileña y otras entidades del sector.
El Ejecutivo regional ha presentado esta semana a los primeros 152 profesionales expertos facilitadores judiciales acreditados y regulados por decreto de España que prestarán asistencia en la Administración regional para ayudar a personas con discapacidad en procesos judiciales.
En este sentido, Plena Inclusión Madrid recibe «con entusiasmo» que la Comunidad de Madrid sea una región pionera, «la primera de toda España», en garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
«Es un logro que responde a todo el trabajo que hemos realizado desde el colectivo de la discapacidad intelectual y/o del desarrollo».
El director general de la federación madrileña, Javier Luengo, ha asistido a un acto celebrado en la Real Casa de Postas en el que se ha puesto en valor “la enorme labor que se realiza a través de este nuevo recurso público y gratuito”. El acto ha estado presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Martín.
La región se ha convertido en la primera de España en formalizar legalmente este recurso público y gratuito tras la aprobación del decreto que lo regula el pasado 8 de mayo. Esta iniciativa se encuadra dentro de la estrategia global de la Comunidad de Madrid para dotar este ámbito de más y mejores medios.
Acompañamiento y apoyo durante todo el proceso
El Ejecutivo autonómico incluye la designación de facilitadores dentro del Protocolo de Asignación de Peritos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, excepto cuando la persona con discapacidad tenga la condición de víctima. En este caso, le atenderá uno de los empleados públicos de las 21 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito que cumplen con los requisitos formativos para desempeñar esta función.
Estos profesionales se encargarán de evaluar las necesidades concretas de apoyo que necesiten estos ciudadanos para adecuar a ellos las explicaciones sobre en qué consiste el procedimiento judicial que les afecte, el lugar donde se desarrollará y las personas presentes durante el mismo.
A continuación, elaborarán un informe individualizado de medidas de ayuda dirigido al órgano judicial y a los operadores que intervengan en él. Además, el facilitador le acompañará y asistirá a lo largo de todo el proceso con el objetivo de que comprendan las preguntas que les realizan, el contenido de las resoluciones y toda la documentación que se genera.