Plena Inclusión Madrid

Mariano Casado: “Hay incertidumbre a corto plazo, pero hay que mirar más allá para evitar una situación social y económicamente insostenible”

Entrevistamos a Mariano Casado, presidente de Plena Inclusión Madrid.

Le hemos preguntado por los retos que afronta el movimiento asociativo en los próximos meses.

Nos ha contado también el trabajo realizado por las entidades durante la pandemia por el coronavirus.

Mariano Casado destaca la importancia de trabajar conjuntamente con la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España.

Pide que los presupuestos de 2021 tengan en cuenta a las personas con discapacidad o del desarrollo.

Hemos hablado con el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, sobre el esfuerzo extraordinario que han realizado las entidades que atienden a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en los últimos meses y sobre el futuro más inmediato, que pasa, nos cuenta, por reforzar el apoyo de las Administraciones para superar una crisis que puede perjudicar especialmente a un colectivo como el nuestro.

¿Cómo afronta el movimiento asociativo el último cuatrimestre de este año?

El 2020 sin duda está siendo un año muy complicado para toda la población, la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 está minando los estándares alcanzados por el estado del Bienestar en España. Esta realidad, que incide directamente en el acceso a la igualdad de oportunidades, se acusa más si cabe en el colectivo que conforma el movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid: personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

La llegada de la pandemia puso a todo el mundo en una situación muy difícil que las entidades de la discapacidad supieron afrontar de manera ejemplar, con un trabajo excepcional por parte de los profesionales, que hemos de reconocer y agradecer públicamente. Los meses de marzo a mayo han sido especialmente duros, sobre todo en las residencias y viviendas comunitarias que siguieron apoyando y atendiendo a más de dos mil personas. En ese tiempo nos enfrentamos a la escasez absoluta de material de protección, las bajas profesionales que llegaron a suponer el 40 por ciento o el establecimiento de medidas extraordinarias para las que nadie, en ningún sector, estaba preparado. Hablamos de momentos muy duros, donde el trabajo en red por el que se caracteriza el movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid cobró más valor si cabe. Hay que tener en cuenta que somos centros de atención social, en los que la parte sanitaria es residual, y esos momentos funcionábamos prácticamente como hospitales.

En cualquier caso, creo que el trabajo fue espectacular y lo cierto es que la COVID golpeó con menos fuerza en los recursos residenciales de discapacidad, al menos en nuestra comunidad. Pero lógicamente no se puede bajar la guardia.

En el resto de recursos de atención diurna las entidades tuvieron que adaptarse rápidamente para poder seguir atendiendo a las personas con discapacidad y a sus familias, mayoritariamente de manera telemática, lo que es difícil en un colectivo en el que la brecha digital sigue siendo importante y los apoyos personales son fundamentales. El papel de las entidades ha sido también básico en la atención presencial a domicilio cuando ha sido imprescindible y las condiciones lo han permitido, lo mismo que el soporte a las familias, especialmente en aquellos casos en que la persona con discapacidad tiene grandes necesidades de apoyo o alteraciones de conducta que, a veces, se han visto agudizadas por el confinamiento.

¿Cómo han sido estos meses de trabajo para el movimiento asociativo?

Han sido jornadas muy largas e intensas tratando de dar respuesta a las necesidades que se nos iban planteando. Y sobre todo han sido meses de un intensísimo trabajo en red, tanto en el interno de Plena Inclusión Madrid, como con el del resto de organizaciones a las que pertenecemos, como el CERMI Madrid. Ese trabajo conjunto ha sido fundamental también en nuestra interlocución con la Administración en un momento en que la situación era muy complicada y en el que era fundamental velar por los derechos de las personas con discapacidad.

“La Administración ha sido receptiva y sensible a algunas de las demandas que se le han planteado. (…) Eso no quita para afirmar con toda rotundidad que vamos a seguir demandando y defendiendo con firmeza la necesidad de nuestras entidades, que son muchas”.

Dentro de la gravedad de la situación y de las numerosas necesidades que han surgido, muchas de las cuales seguimos teniendo, no estaríamos siendo justos si no reconociésemos que la Administración ha sido receptiva y sensible a algunas de las demandas que se le han planteado, como las relativas a los contratos, que ha permitido el mantenimiento de la atención a distancia y por tanto del empleo del sector social; el que se adopte la decisión de realizar una aportación extraordinaria a la discapacidad; o que las pruebas preventivas a los trabajadores de centros residenciales se realicen a través de la Atención Primaria. Todo eso se ha logrado trabajando juntos, dialogando mucho y siendo conscientes también de la difícil situación global. Eso no quita para afirmar con toda rotundidad que vamos a seguir demandando y defendiendo con firmeza la necesidad de nuestras entidades, que son muchas.

¿Las residencias tienen hoy las mismas necesidades que en la primera ola de la pandemia?

Ahora estamos en otro momento, sabemos más de la COVID-19 de lo que conocíamos en marzo, pero la situación sigue siendo de gran preocupación e incertidumbre. Las entidades están adoptando todas las medidas preventivas y trabajando de la mejor manera que pueden, invirtiendo recursos que apenas tienen para generar entornos seguros. Sin embargo, y es una realidad, muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias tienen miedo al regreso. Lo vemos en todos los ámbitos y por supuesto en el nuestro también.

Sabemos que el riesgo cero no existe, en ninguna parte, pero es preciso ir recuperando poco a poco la normalidad tomando siempre las precauciones que nos indican las autoridades sanitarias y que son claves para prevenir contagios. Es cierto que en nuestro caso muchas veces el uso de mascarilla o la distancia social son requisitos imposibles de cumplir, lo que obviamente supone una dificultad añadida a la hora de trabajar, como también lo es el desdoblar grupos que, por tanto, requieren un aumento de profesionales que ahora no podemos asumir.

Hoy hay más información y medios, y sobre todo más experiencia, pero sigue habiendo incertidumbres, las hay en todas partes, pero hablamos de personas especialmente vulnerables, lo que hace lógicamente que esos temores se acentúen.

Por eso, para nuestras organizaciones son fundamentales directrices claras y la coordinación sociosanitaria se hace más imprescindible en un contexto en el que la Administración ha de servir de apoyo y guía en estos momentos de incertidumbre colectiva.

¿Cómo afecta la crisis económica derivada de la pandemia a las entidades del sector?

Las entidades sociales que atienden a personas con discapacidad y gestionan miles de plazas en la red de discapacidad de la Comunidad de Madrid venían arrastrando una situación económica complicada que obviamente se ha visto agravada con esta situación.

“Si no se reacciona y se mejora el apoyo presupuestario a la red que hemos construido entre todos, (…) las entidades sociales acabaran literalmente asfixiadas”.

Precisamente en febrero, semanas antes de la crisis, presentamos un estudio que ya arrojaba cifras preocupantes sobre lo deficitario de los servicios que va desde el 5 por ciento en centros de día al 20,65 por ciento en centros residenciales. Hay que recordar que, como consecuencia de la crisis económica del año 2008, los contratos con la Administración descendieron un 5 por ciento, y nunca más hemos recuperado los niveles de entonces. Si no se reacciona y se mejora el apoyo presupuestario a la red que hemos construido entre todos, las organizaciones de discapacidad y Comunidad de Madrid, las entidades sociales acabaran literalmente asfixiadas y se estará poniendo en riesgo la atención de calidad a miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Por tanto, hay incertidumbre a corto plazo por el próximo cuatrimestre, pero tenemos que mirar más allá porque, si no lo hacemos, en 2021 nos vamos a encontrar en una situación económica y socialmente insostenible de consecuencias que ni siquiera podemos imaginar. Las necesidades sociales se han incrementado ya, y lo seguirán haciendo, y no podemos permitir que la factura la paguen de nuevo los colectivos más desfavorecidos.

Nuestro objetivo es, por tanto, seguir trabajando con la Administración, Gobierno y grupos políticos para buscar soluciones en un contexto que es ahora más negativo que hace un año. En este sentido, ya no hemos dirigido a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para transmitirles la importancia que tienen los presupuestos del próximo año para que nuestro sector pueda afrontar esta crisis con garantías.

Y cuando hablamos de esto hay que tener en cuenta que se trata de atender a las personas y de trabajar por la mejora constante de su calidad de vida. El perfil de las propias personas que atendemos ha ido variando con el tiempo, la población está más envejecida, las personas con muchas necesidades de apoyo tienen una prevalencia importante, etc. y para dar una atención de calidad, centrada en cada persona y su proyecto de vida, es preciso contar con los recursos materiales, humanos y económicos suficientes para ello.

“Es fundamental que los próximos presupuestos tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y de las entidades que las prestan servicio”.

Ante esta situación, ¿ha establecido la Comunidad de Madrid alguna medida extraordinaria?

Mariano Casado, en las instalaciones de Plena Inclusión MadridEl Gobierno regional está trabajando junto con el tercer sector en un plan de contingencia. Lo que queremos es que se le dé la mayor agilidad posible para que su aprobación contribuya a paliar el esfuerzo que se ha realizado en los últimos meses. Entre los meses de marzo y mayo, y exclusivamente en el ámbito residencial, el gasto extraordinario fue de 1,7 millones de euros. Además, en la actualidad el gasto medio diario en equipos de protección individual por parte de nuestras entidades ronda los 15.000 euros. Teniendo en cuenta que la situación sanitaria que vivimos ahora mismo no tiene visos de finalizar a corto plazo, se trata de un gasto extraordinario que incide directamente en la ya debilitada economía de las entidades y, por este motivo, consideramos de vital importancia la activación de este plan de contingencia, en el que se está trabajando desde hace dos meses.

Al margen de eso y para afrontar los retos del futuro es fundamental que los próximos presupuestos, como comentaba antes, tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y, por tanto, de las entidades que las prestan servicio.

¿Qué otros retos afronta el movimiento asociativo, más allá de la COVID-19?

Uno de nuestros principales objetivos a día de hoy es trabajar para evitar que las consecuencias económicas, sociales y laborales de la pandemia se ceben especialmente en un colectivo ya de por sí desfavorecido o supongan un retroceso en la consecución de los derechos que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han alcanzado después de décadas de trabajo. Eso es fundamental.

En general, todas las cuestiones que estaban encima de la mesa continúan ahí. Uno de los retos que el movimiento asociativo es el envejecimiento dentro del colectivo y el aumento de las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

No perdemos de vista, además, el acceso al empleo. Es obvio que la crisis económica y laboral que atraviesa toda la sociedad puede tener un mayor perjuicio en las personas con discapacidad intelectual, por lo que debemos continuar trabajando para evitar que se reduzca la participación de este colectivo en el empleo y se reinstauren viejos obstáculos ya superados.

“La necesidad de acabar con la lista de espera en atención temprana sigue siendo una prioridad absoluta para nosotros”.

Por otro lado, una de las principales demandas de nuestro movimiento asociativo ha sido la atención temprana y la necesidad de acabar con la lista de espera que, a día de hoy,  y según el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid supera las 2.400 personas. La atención a los menores de seis años es irrenunciable, porque todo lo que no se haga en esa etapa será un tiempo precioso perdido que incide de manera negativa en su futura autonomía y desarrollo. Y por tanto, para nosotros sigue siendo prioridad absoluta.

También hay que avanzar en los recursos para personas con TEA, cuya prevalencia entre nuestra población cada vez es mayor, y hay que impulsar un nuevo modelo de vivienda, al que también tengan acceso las personas con más necesidades de apoyo, que no podemos dejar en el olvido por la crisis sanitaria actual.

En el ámbito legislativo está encima de la mesa la actualización de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid en la que se ha comenzado a trabajar y en la que queremos aportar como movimiento asociativo por el impacto que tiene en las personas y en las organizaciones.

También la reforma del Código Civil puede suponer cambios importantes y es preciso informar y formar mucho sobre esta cuestión a todos los sectores implicados.

Al tiempo, hemos de seguir trabajando y reflexionando sobre nuevos modelos de atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En definitiva, debemos evitar que la crisis sanitaria nos impida avanzar en el resto de proyectos. Tenemos por delante, y nuestro compromiso como organización es seguir, como hasta ahora, trabajando en su consecución.

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