Varias organizaciones han pedido que no se discrimine a personas con discapacidad en el acceso a la sanidad con motivo de la crisis del coronavirus.
El CERMI, Plena Inclusión o el Comité de Bioética de España son algunas de esas organizaciones.
Todas coinciden en que la discapacidad no debe ser un motivo de exclusión de la atención médica especializada.
CERMI y las asociaciones representantes de personas mayores (CEOMA y UDP) exigen que las personas con discapacidad y mayores no sean discriminadas en el acceso a la atención médica y a tratamientos en unidades de cuidados intensivos durante la pandemia de COVID—19.
Las tres entidades exhortan a las sociedades científicas a revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad, porque no se puede descartar a nadie por razón de edad o de discapacidad de determinados tratamientos, ya que todas las vidas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor y recuerdan que los protocolos de las sociedades científicas no son textos legales de obligado cumplimiento, máxime cuando se trata de procedimientos discriminatorios.
Asimismo, reclaman a todas las administraciones que centren sus esfuerzos para proveer al sistema sanitario y a los centros residenciales de los medios necesarios, tanto materiales como humanos.
El derecho a la salud de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
Plena inclusión, por su parte, ha reclamado al Ejecutivo que impida situaciones de discriminación hacia personas con discapacidad intelectual en el acceso a los servicios sanitarios en general, y a las UCIs, en particular y ha enviado un documento con consejos útiles para el personal sanitario a la hora de atender a atender a pacientes con discapacidad intelectual o del desarrollo con especiales dificultades de comprensión. Puedes consultarl también una infografía divulgativa en este enlace
Informe del Comité de Bioética de España
Este comité emitía el pasado día 23 de marzo un informe, a petición del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que sostiene que la discapacidad de la persona enferma «no puede ser nunca por sí misma» un motivo que priorice la atención sanitaria de las personas que carecen de discapacidad. En dicho informe el Comité alerta que el contenido de algunos protocolos vulneran el ordenamiento jurídico actual. (Ver informe)