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El presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, se ha dirigido a la Comunidad de Madrid solicitando su ayuda para que urja al Gobierno Central a modificar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, y que es una de las causas principales de la asfixia económica que padecen las organizaciones sociales que prestan servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Sancho explicó que esta Ley, que entró en vigor en el año 2015, impide que los contratos que las organizaciones sociales tienen con la Administración autonómica por la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, puedan incorporar actualizaciones económicas en función de cuestiones tan relevantes con el IPC o la propia subida del SMI.
Esta situación ha hecho que, durante los últimos ocho años, las entidades sociales hayan tenido que hacer importantes sobreesfuerzos económicos para poder mantener la calidad de la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todos los servicios que prestan, especialmente en el ámbito residencial, y que en muchos casos han llevado a las organizaciones a situaciones límite.
Poder hacer frente a los salarios y servicios
Por ello, Sancho defendió la necesidad de que el Gobierno Central revise la Ley de Desindexación de la Economía que ha provocado efectos muy negativos en las organizaciones sociales.
Cualquiera puede entender que una organización no puede hacer frente a los salarios y servicios si la cantidad que recibe para ello no varía a lo largo de cuatro años. El Gobierno tiene que pensar que esto provoca un efecto devastador y que pone en riesgo la atención social que necesitan las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
El presidente de Plena Inclusión Madrid explicó que recientemente se han actualizado los acuerdos marco de prestación de estos servicios, pero si no hay una modificación de la Ley de Desindexación, las entidades volverán a ser golpeadas en un año y permanecerán en una espiral permanente riesgo de supervivencia. Si aportamos por una atención de calidad, si apostamos por la inclusión y la personalización en los servicios, no pueden mantenerse leyes como esta.
Sancho consideró que, si no se logra modificar la Ley en el ámbito nacional solicitará a la Comunidad de Madrid que revise el plazo de vigencia de los acuerdos marco, ya que cuatro años es un plazo temporal demasiado extenso en el que las entidades no pueden sostenerse si una modificación en sus contratos.