Plena Inclusión ha pedido a la Comunidad de Madrid
que insista al Gobierno para que cambie una ley.
Esa ley se llama Ley de Desindexación de la Economía Española.
Esta ley existe desde 2015.
Con esta ley, Plena Inclusión y otras entidades sociales
reciben siempre el mismo dinero de la Administración
para ofrecer los servicios de atención
a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Pero los precios y los sueldos suben
y las entidades no reciben más dinero para pagarlos.
Las entidades tienen que poner dinero para pagar esas subidas.
Plena Inclusión Madrid cree que esta ley perjudica a las entidades
y les obliga a hacer un esfuerzo económico
para mantener la calidad de la atención
a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Esta ley dificulta que las entidades ofrezcan estos servicios
porque los acuerdos con las Administraciones duran 4 años.
En esos 4 años no reciben más dinero,
aunque los precios y los sueldos suben.
El presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás Sancho,
dice que la ley tiene que cambiar.
Si no cambia, entonces Plena Inclusión Madrid
pedirá a la Comunidad de Madrid
que los contratos de servicios de atención duren menos de 4 años
El presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, se ha dirigido a la Comunidad de Madrid solicitando su ayuda para que urja al Gobierno Central a modificar la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, y que es una de las causas principales de la asfixia económica que padecen las organizaciones sociales que prestan servicios a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Sancho explicó que esta Ley, que entró en vigor en el año 2015, impide que los contratos que las organizaciones sociales tienen con la Administración autonómica por la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, puedan incorporar actualizaciones económicas en función de cuestiones tan relevantes con el IPC o la propia subida del SMI.
Esta situación ha hecho que, durante los últimos ocho años, las entidades sociales hayan tenido que hacer importantes sobreesfuerzos económicos para poder mantener la calidad de la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todos los servicios que prestan, especialmente en el ámbito residencial, y que en muchos casos han llevado a las organizaciones a situaciones límite.
Poder hacer frente a los salarios y servicios
Por ello, Sancho defendió la necesidad de que el Gobierno Central revise la Ley de Desindexación de la Economía que ha provocado efectos muy negativos en las organizaciones sociales.
Cualquiera puede entender que una organización no puede hacer frente a los salarios y servicios si la cantidad que recibe para ello no varía a lo largo de cuatro años. El Gobierno tiene que pensar que esto provoca un efecto devastador y que pone en riesgo la atención social que necesitan las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
El presidente de Plena Inclusión Madrid explicó que recientemente se han actualizado los acuerdos marco de prestación de estos servicios, pero si no hay una modificación de la Ley de Desindexación, las entidades volverán a ser golpeadas en un año y permanecerán en una espiral permanente riesgo de supervivencia. Si aportamos por una atención de calidad, si apostamos por la inclusión y la personalización en los servicios, no pueden mantenerse leyes como esta.
Sancho consideró que, si no se logra modificar la Ley en el ámbito nacional solicitará a la Comunidad de Madrid que revise el plazo de vigencia de los acuerdos marco, ya que cuatro años es un plazo temporal demasiado extenso en el que las entidades no pueden sostenerse si una modificación en sus contratos.