Plena inclusión y AEDIS han mandado una nota de prensa a los medios de comunicación.
En esa nota alertan sobre la falta de apoyo económico de las administraciones públicas
a las asociaciones que están al lado de las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo.
Estas llamada de atención va dirigida sobre todo a las comunidades autónomas porque son ellas las que deben financiar los proyectos de organizaciones como Plena inclusión.
El Gobierno de España tiene un Plan de Choque en Dependencia que quiere apoyar a las organizaciones sociales en su financiación.
Pero la realidad es que muchas asociaciones están teniendo serios problemas para salir adelante porque hay gastos nuevos que no pueden pagar.
Plena inclusión y AEDIS dicen que hay muchas posibilidades de que algunas asociaciones se vean obligadas a cerrar.
Esta situación dejaría a muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
y a sus familias en una situación de desprotección.
Plena inclusión ha alertado esta semana de que la sostenibilidad económica de buena parte de los cientos de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias ha entrado en una situación crítica y se enfrenta al peligro inminente de colapso por la falta de apoyo económico de las administraciones públicas.
Esa situación ha motivado que las Juntas Directivas de Plena inclusión y AEDIS, su patronal, hayan acordado intensificar las acciones de incidencia para conseguir que las transferencias a las Comunidades Autónomas del Plan de Choque de la Dependencia sirvan para mejorar la financiación de un sector que ha sufrido en los últimos años especialmente el impacto de la caída de la financiación pública y las consecuencias de la crisis de la COVID.
“Desde Plena inclusión estamos comprometidos con la mejora de los apoyos centrados a las personas, pero es inexcusable y urgente un aumento de su financiación si no queremos que aumente la vulnerabilidad de miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias”. Santiago López, presidente de Plena inclusión
Incremento de los gastos e inversiones congeladas desde hace una década
Este colapso puede ocurrir pese a que en los convenios firmados con el IMSERSO y la mayoría de las Comunidades Autónomas para la financiación del Sistema de Dependencia se recoge que entre las partidas financiables debe incluirse la adaptación a los convenios del sector y las mejoras de la calidad de la prestación de los servicios a las personas con dependencia.
«Estamos ante una oportunidad única de inversión social a través de los instrumentos de financiación del Estado. El Plan de Choque en Dependencia debe suponer un aumento de los precios-plaza que haga sostenible a las organizaciones que tienen que hacer frente al aumento de costes derivados de la elevación del gasto de personal: incremento del SMI, aumento del convenio del sector, medidas de formación en el ámbito digital, seguridad sanitaria, etc.”.Bernabé Blanco, presidente de AEDIS
El gasto generado por las medidas de prevención frente a la COVID se ha incorporado de forma estable a la estructura de costes de las entidades que mantienen la compra de elementos de protección, obras de acondicionamiento, y el refuerzo de plantillas. A todo ello se suma el incremento de la factura relacionada con la energía, alimentación, transporte, y la congelación de las inversiones sociales desde el año 2008 por efecto de la Gran Recesión, la caída de las Cajas de Ahorro y las políticas de austeridad, que han generado un envejecimiento de los dispositivos sociales.
“Urge acometer una transformación para contribuir a modelos basados en la comunidad, aprovechar las oportunidades vinculadas a lo digital y generar recursos que compensen el impacto medioambiental. Los Planes de Transformación y Resiliencia deben ayudar a superar esta realidad”.
Enrique Galván, director de Plena inclusión España.
Una tendencia que preocupa en Europa
Las dificultades de gestión y sostenibilidad de los servicios sociales han sido uno de los asuntos abordados durante la reunión de directores de Inclusion Europe, en la que varios países de nuestro entorno han compartido las preocupaciones de Plena inclusión, donde han manifestado que aún teniendo algos grados de motivicación, las personas que trabajan en este secotr no encuentran condiciones favorables para su desarrollo profesional, debido a la ausencia de políticas claras de de apoyo a las entidades de iniciativa social, salarios no competitivos, altos índices de rotación, falta de medidas de formación y de promoción. “Es preciso revertir una tendencia que influye negativamente en los derechos y apoyos de las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias”, afirman desde Plena inclusión.