El presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, se ha reunido con el consejero de Políticas sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.
También han asistido a la reunión por parte de la Comunidad de Madrid, el viceconsejero, Javier Luengo y la directora general de discapacidad, Mª Pilar López,
Por parte de Plena Inclusión Madrid han estado también su directora general, Silvia Sánchez y el director de desarrollo corporativo Ángel San Gregorio.
El presidente de Plena Inclusión Madrid ha agradecido al consejero su compromiso para acabar con la lista de espera en atención temprana. Para ello, ha ofrecido la red de centros del movimiento asociativo.
Además, han abordado el diseño de modelos de atención más flexibles, basados en los apoyos. El consejero se comprometió a crear grupoo de trabajo para avanzar en este sentido.
También han hablado de la situación de asociaciones y fundaciones y de las consecuencias que tiene la subida del SMI y la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.
Desde el movimiento asociativo también han transmitido la preocupación por los retrasos en los pagos a las Asociaciones. Estos retrasos se deben a que como el gobierno central está en funciones, las ayudas a las Comunidades Autónomas están paralizadas.
El presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, agradeció hoy al consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, su compromiso para acabar con la lista de espera en los servicios de Atención Temprana y puso a su disposición para ello, la amplia red de centros con que cuenta el movimiento asociativo.
Desde Plena Inclusión Madrid estamos a disposición tanto a nivel técnico como orgánico para colaborar, de la mejor forma que podamos, a terminar con la lista de espera. Para nosotros, la Atención Temprana es una prioridad ya que cuando se detecta en un niño la existencia de una discapacidad o una alteración en su desarrollo, es preciso ofrecerle una atención inmediata (tratamientos de logopedia, estimulación, fisioterapia, intervención psicológica, psicomotricidad y otras terapias complementarias que han de ser impartidas por especialistas) que se traduzca en el futuro en mayores cotas de autonomía.
En el transcurso de la reunión, a la que también asistieron el viceconsejero, Javier Luengo; la directora general de Atención a Personas con Discapacidad, Mª del Pilar López; la directora general de Plena Inclusión Madrid, Silvia Sánchez; y el director de desarrollo corporativo, Angel San Gregorio, el consejero se comprometió a trabajar en la modificación del artículo 3 de la orden 13363/1997 que en su momento ya fue declarada inconstitucional y que establece como límite los 60 años para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un recurso residencial especializado.
El presidente de Plena Inclusión Madrid trasladó también a Reyero la necesidad de comenzar a trabajar en el diseño de modelos de atención más avanzados, en la que prime la flexibilidad de los apoyos que necesita cada persona en función de sus necesidades por encima del carácter asistencial con el que fueron concebidos en su momento, de tal manera que se pueda dar una respuesta más adecuada a los proyectos vitales de cada persona.
En este sentido, Reyero se comprometió a conformar grupos de trabajo con la participación del sector para abordar de manera conjunta y con vistas al futuro el replanteamiento del modelo de atención.
Asimismo, se hizo llegar al consejero la preocupación de asociaciones y fundaciones por la dotación económica que se considera insuficiente para poder mantener la calidad de la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, una situación que se ha visto agravada en los últimos tiempos tanto por la subida del SMI como de la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.
La demora en los pagos a las entidades por la prestación de servicios fue otra de las cuestiones abordadas en el transcurso de la reunión y en la que se reconoció que la situación actual, con un gobierno central en funciones ha hecho que se paralicen las transferencias a las Comunidades Autónomas, lo que está generando retrasos en los pagos.