Estamos trabajando en la adaptación de este contenido.
Disculpe las molestias.
El presidente de Plena Inclusión Madrid, Tomás A. Sancho, acompañado dos miembros de la Junta directiva, Aránzazu Garay-Gordóvil y Belén García-Obregón, y por el director general de la Federación, Javier Luengo, se ha reunido hoy con el viceconsejero de Política y Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, José Carlos Fernández Borreguero, para trasladar al Gobierno regional la preocupación del tejido asociativo por un deterioro paulatino de la calidad en la atención a las necesidades educativas del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Una preocupación que ponen de manifiesto familias, profesionales y entidades y que se produce por un deterioro en las etapas obligatorias y una notable falta de oportunidades en las postobligatorias.
Desde Plena Inclusión Madrid se ha reclamado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades “una apuesta decidida por la inclusión en la red educativa ordinaria, una mejora de las ratios y las partidas económicas del personal complementario y de mantenimiento en los Centros de Educación Especial, y la necesidad de atender al colectivo dentro de la futura Ley Maestra de Formación Profesional”.
Asimismo, se ha propuesto una línea de trabajo conjunta entre la administración pública y el movimiento asociativo para analizar de manera abierta, transparente y leal los problemas que se perciben. Esta iniciativa tiene como objetivo alcanzar un modelo en el que todos los centros educativos de la red pública estén preparados para atender la diversidad del alumnado con discapacidad, así como solucionar los problemas de gestión que, en muchos casos, arrastran los centros de Educación Especial concertados de la red de Plena Inclusión Madrid.
En este sentido, otro de los asuntos trasladados ha sido la necesidad de aumentar los módulos económicos referidos a personal complementario y de mantenimiento de los centros de la red de Educación Especial.
Necesidad de actualizar ratios
Plena Inclusión Madrid alertó hace semanas del riesgo que supone para la calidad educativa elevar al máximo las ratios de las aulas en los Centros de Educación Especial y la derivación masiva de alumnado que se está produciendo a estos centros, sin el correspondiente aumento de recursos, situación que se ha agravado como consecuencia de la resolución 254 puesta en marcha en los últimos meses.
La Federación considera que se compromete la personalización de los apoyos necesarios de cada persona ya que, si se obliga a los centros a ir a la máxima de ratio sin aumentar los recursos económicos y humanos, se compromete la calidad de la atención al alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo y, por tanto, sus posibilidades de inclusión.
En la reunión con el viceconsejero, también se ha señalado la necesidad de actualizar las ratios establecidas por la Comunidad de Madrid que se tienen como referencia, ya que las vigentes responden una Orden de 1990 que fue derogada hace tiempo. Unas cifras que no tienen en cuenta las necesidades actuales de los alumnos con discapacidad intelectual.
Por último, respecto a la Ley Maestra de Formación Profesional, ambas partes han coincidido en la importancia de crear una comisión de trabajo que permita abordar soluciones para el colectivo.