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Este próximo martes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de reforma la Ley de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia para adaptarlas a la reforma constitucional, tras la modificación del artículo 49 en febrero pasado.
Ante esta iniciativa del Ejecutivo central que lleva reclamando el movimiento organizado de la discapacidad desde hace muchos años, Plena inclusión España reivindica esta modificación como una oportunidad histórica que ayudaría a superar las restricciones impuestas a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias.
Demandas de Plena Inclusión
Plena inclusión defiende que la reforma de la Ley de Dependencia, en lo que atañe a la discapacidad, debería recoger reivindicaciones históricas como:
• Reducir las listas de espera, especialmente en servicios comunitarios de vivienda, debido a la falta de pisos y casas adaptadas.
• Actualizar las carteras de servicios, que siguen siendo obsoletas y rígidas, sin responder a las necesidades reales de las personas.
• Fomentar nuevos roles profesionales, como el asistente personal o el conector comunitario, para facilitar la vida en comunidad, en lugar de en grandes residencias alejadas de los barrios y pueblos.
• Eliminar el copago confiscatorio, que ahoga económicamente a muchas familias, impidiéndoles tener una vida digna.
• Garantizar la libertad de elección de los apoyos que cada persona necesita, con un sistema más flexible.
• Prohibir los cambios forzosos de recursos para las personas con discapacidad al cumplir los 65 años.
Desde esta Confederación -que agrupa a 950 asociaciones de todo el Estado que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral y otras) y sus familias-, se recuerda la trascendencia de que la reforma legislativa vaya acompañada de presupuestos que aseguren la sostenibilidad de las entidades, con más inversión en tecnología de apoyo y en la transformación de la red de servicios.
Por ello, exige un aumento de los presupuestos, tanto estatales como autonómicos, para hacer realidad estas reformas.