Plena Inclusión Madrid

Plena inclusión reivindica una reforma del sistema de garantía de ingresos que incorpore a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

Plena inclusión ha enviado un informe al ministro de Seguridad Social y a la ministra de Trabajo.

Este informe dice que las ayudas para personas con discapacidad no son suficientes.

También el Fondo Monetario Internacional ha publicado un informe que dice que España no ayuda a las rentas más bajas.

Santiago López, presidente de Plena inclusión España, ha enviado al ministro de Seguridad Social y a la ministra de Trabajo las conclusiones del estudio elaborado por Plena inclusión y Fresno Consulting donde se evidencia la insuficiente cobertura del sistema social para las personas con discapacidad y sus familias. Este desequilibrio en las garantías de ingresos se aprecia especialmente en el caso de las personas con discapacidad intelectual, TEA, parálisis cerebral y otras discapacidades del desarrollo. 

López ha tomado esta iniciativa apoyado por las evidencias que recoge un estudio publicado que coincide con la publicación el pasado 30 de enero de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que este organismo multilateral asegura que “el gasto social en España ayuda poco a las rentas bajas”. Desde Plena inclusión España, su presidente sostiene su petición apoyado en las conclusiones del organismo económico:
“El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez debe hacer caso a las recomendaciones del FMI que aconseja una mejor redistribución de las ayudas públicas para lograr que mejoren las condiciones de vida a los colectivos más vulnerables”.

Plena inclusión denuncia una situación injusta: “Históricamente las familias han asumido los costes y el mayor esfuerzo para afrontar sus necesidades cotidianas”. Y es que a menudo se confunden los apoyos para afrontar los obstáculos de la discapacidad con los recursos para sostener una vida digna. 

Un sobrecoste de hasta 43.000 euros

Plena inclusión estimó en otro estudio que una familia con una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en su seno debe asumir un sobrecoste económico anual que fluctúa entre 24.000 euros y 43.000. A esta dificultad hay que añadir la exclusión sistemática del mercado de trabajo de este colectivo. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo presentan la tasa de actividad más baja del mercado laboral español, con un 31%, y una tasa de desempleo del 37,5. Son datos de la Asociación Empresarial de la Discapacidad (AEDIS) referidos a 2017.

Así, las medidas propuestas por Plena inclusion al Gobierno son: la consideración de una unidad independiente a la del grupo familiar; el aumento significativo de las prestaciones por hijo a cargo y de la Pensión No Contributiva, y un tratamiento fiscal adaptado; medidas de discriminación positiva para las personas con especiales dificultades de empleabilidad; subvención salarial del 75% del SMI y compatibilidad de empleo con ayudas sociales; derecho al retorno a plazas de servicios sociales por envejecimiento o procesos de deterioro

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