Estamos trabajando en la adaptación de este contenido.
Disculpe las molestias.
¿Cuánto le costaría al Estado y a los servicios sociales autonómicos y locales la desaparición de Plena inclusión y la paralización de sus proyectos?
Una estimación general arroja la cifra de 700.000 horas/día de apoyos prestados por sus profesionales a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias en los centros y servicios que gestiona esta organización.
Sesenta años después de su creación, el movimiento asociativo de Plena inclusión se ha convertido en el mejor defensor de los derechos y de la calidad de vida de buena parte de las 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, síndrome de Down) y de sus familias. Y, pese a su relevancia social, la sostenibilidad económica de proyectos, centros y acciones de Plena inclusión desplegados por todo el país se ve amenazada de cierre o desaparición por falta de financiación pública.
Plena Inclusión en cifras
Si traducimos a cifras el impacto de lo que hace nuestra confederación, podemos valorar, aunque sea sólo cuantitativamente, la relevancia de los apoyos que presta:
- Nuestra red asociativa cuenta con 950 entidades federadas que despliegan su acción en todas las Comunidades Autónomas y gestiona más de 4.000 centros y servicios.
- En ellos trabajan cerca de 46.000 profesionales y cuentan con unos 8.000 voluntarios.
- Bajo el paraguas de Plena inclusión y Aedis (su patronal) funcionan 223 centros especiales de empleo en los que trabajan cerca de 25.000 personas, en un 80% con discapacidad.
“La precariedad y la amenaza de cierre de cientos de centros y servicios por falta de financiación adecuada no puede ser una espada de Damocles que cuestione el derecho a recibir los apoyos suficientes por parte de decenas de miles de personas con discapacidad intelectual y sus familias”, afirma Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.