Plena Inclusión Madrid

El CERMI solicita en el Congreso que la reforma del Código Civil se realice con “agilidad” y “consenso”

El presidente del CERMI ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

La comisión hablaba sobre la reforma del Código Civil que afectará a las personas con discapacidad.

Esta reforma cambiará las incapacitaciones jurídicas por un sistema de apoyos personalizados.

El presidente del CERMI pide que la reforma se apruebe con agilidad y consenso.

Por otra parte, el asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares recuerda que esta reforma es urgente y necesaria.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expuesto en el Congreso de los Diputados la necesidad de que la reforma del Código Civil en materia de discapacidad, que permitirá migrar de un sistema de supresión de la capacidad jurídica a otro centrado en la provisión de apoyos para las personas que lo requieran, se realice con «agilidad» y «consenso».

Así lo reclamó el presidente del comité, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la comparecencia de expertos convocados por la Comisión de Justicia para conocer el posicionamiento del sector con respecto a la Proposición de Ley de reforma del Derecho Civil y Procesal, en la que también participó el asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y coordinador de juristas de Plena inclusión, Torcuato Recover Balboa.

En su comparecencia, el presidente del CERMI defendió que “el sistema jurídico de sustitución vigente, que protege paternalistamente a la persona con discapacidad, incapacitándola, desposeyéndola de su capacidad jurídica, y colocándola al albur de otras instancias decisorias” vulnera el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, alertó del “efecto expansivo perverso” de la supresión de la capacidad jurídica, puesto que medidas como la exclusión del derecho al voto (que no se modificó hasta 2018) o  las esterilizaciones forzosas (en trámite para ser derogadas) “estaban conectadas” con las incapacitaciones.

Pérez Bueno recordó que el Proyecto de Ley de reforma del Derecho Civil y Procesal ha sido elaborada durante años por ministros de Justicia de diferentes partidos políticos (Rafael Catalá, Dolores Delgado y Juan Carlos Campo) y la participación del movimiento de la discapacidad. Del mismo modo, destacó que la redacción del texto fue encargada a la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia y contó con el respaldo de todos los grupos de interés, incluidos tribunales de justicia y organismos internacionales de derechos humanos.

Por ello, pidió a las formaciones políticas “agilidad” en su aprobación y un “amplio consenso o unanimidad”, pese a que se introduzcan mejoras en la Proposición de Ley durante su tramitación. 

“El nuevo paradigma sería no restringir, sino apoyar. No excluir, sino acompañar cuando sea preciso pero siempre respetando a la persona con discapacidad, a su autonomía, a sus deseos y preferencias y decisiones, igual en dignidad, en derechos y en capacidad y aptitud legales”, manifestó Pérez Bueno.

Una reforma «urgente» y «necesaria»

Torcuato Recover, por su parte, reivindicó que esta reforma es “urgente y necesaria porque arrastramos más de 12 años de retraso en la aplicación de la Convención” y defendió la importancia de articular un sistema que evite respuestas genéricas a las necesidades y realidades de cada persona.

Además, reivindicó el establecimiento de sistemas y adaptaciones que favorezcan la accesibilidad, medida que “también debería aparecer en la nueva regulación de los actos de jurisdicción voluntaria”.

Por último, Recover instó a «los diferentes grupos parlamentarios” a llevar adelante esta “necesaria” reforma y a mantener “el nivel de participación de las organizaciones sociales con el que se abordó el proyecto desde el inicio de su trámite parlamentario”,

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