Plena Inclusión Madrid

Analizamos las claves del proyecto de reforma del Código Civil y su impacto en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

El Gobierno ha propuesto una reforma del Código Civil.

Esta reforma afectará a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La reforma del Código Civil se ha propuesto en forma de proyecto de ley que debe ser ahora debatido y aprobado en las Cortes.

Su objetivo es fomentar un sistema con apoyos en el que las personas con discapacidad intelectual tengan mayor capacidad de decisión en sus propias vidas.

La abogada María José Ruano explicó en una jornada informativa los cambios más importantes del proyecto de ley.

El Proyecto de Ley de reforma del Código Civil que el Consejo de Ministros aprobó remitir para su tramitación parlamentaria el pasado 7 de julio introduce importantes cambios que podrán influir directamente en las vidas de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Con el objetivo de clarificar en qué consisten estas modificaciones y cuál será su impacto en el sector, María José Ruano, miembro del equipo jurídico de Plena Inclusión Madrid y especialista de De la Fuente, Gómez Lacalle y Ruano Abogados, participó el pasado martes en una jornada informativa en la que se expusieron las claves de la reforma.

El proyecto de ley que se debatirá próximamente en las Cortes tiene como principal objetivo adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con el avance en la lucha por potenciar la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que ello supone.

En este contexto, se hacía necesario organizar una jornada virtual para familias, profesionales y cualquier persona vinculada al movimiento asociativo interesados en saber más sobre la reforma. “Es un proyecto que suscita grandes esperanzas y también grandes dudas en muchas familias que no saben cómo afectara a su situación consolidada o a la futura”, indicó el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, en la apertura de un acto que contó con más de 300 asistentes de toda España.

El proyecto de ley, cuyos aspectos fundamentales aún pueden ser modificados en su recorrido parlamentario hasta la aprobación definitiva, supone la adaptación de la legislación española a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y más concretamente a su artículo 12, que recoge que “las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.

La figura de la curatela

María José Ruano explicó que una de las modificaciones más destacadas que incluye el proyecto de ley es la eliminación de la tutela y la patria potestad prorrogada o rehabilitada en el ámbito de la discapacidad, que se mantendrán exclusivamente como instituciones propias de la minoría de edad. “Eso es algo que tiene que empezar a permear en nuestras cabezas. Las personas con discapacidad intelectual no son niños eternos”, incidió la asesora jurídica.

La principal medida de apoyo pasa a ser la curatela, una figura con carácter asistencial que solo tendrá carácter representativo en los casos especialmente graves. El juez establecerá en qué actos concretos debe intervenir la persona que ejerce la curatela y si su intervención tendrá carácter asistencial o representativo , de modo que todas las acciones que no estén recogidas en la sentencia podrán ser realizadas sin apoyo por la persona con discapacidad intelectual y teniendo en cuenta que en ningún caso la resolución judicial podrá establecer  privaciones de derechos.

Los curadores deberán actuar, además, según las preferencias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y hacerlas partícipes de la toma de decisiones. Para facilitar este proceso, Ruano explicó que es fundamental generar información, sistemas y procesos de toma de decisiones, y destacó el importante papel que pueden tener en este sentido entidades como Plena Inclusión Madrid. El objetivo último es fomentar la autonomía y reducir progresivamente la necesidad de los apoyos.

Las entidades del Tercer Sector serán también fundamentales en la realización de los informes de carácter psicosocial que sirven de guía para establecer las medidas de apoyo necesarias, ya que los profesionales de estas entidades son quienes “conocen las circunstancias de las personas con discapacidad intelectual y sus familias”.

Se impone la autorregulación

Ruano afirmó explicó que la reforma potencia la autorregulación en detrimento de la heteroregulación, de forma que pueda ser el individuo el que decida, por ejemplo, quién quiere que le asista en caso de necesitar apoyo en un futuro y que se priorice esta decisión de forma que  el juez la respete a lo hora de designar los apoyos. En este sentido, indicó que este punto es algo que puede afectar a la mayoría de las personas, con y sin discapacidad, que algún momento de sus vidas puedan tener cierto grado de dependencia.

Por último, Ruano recordó que el proyecto de ley establece un régimen de colaboración entre la Administración de Justicia y las entidades del Tercer Sector de Acción Social, que podrán informar, auxiliar, asistir y aportar conocimiento experto.

Ante las dudas planteadas al final de la jornada informativa, María José Ruano afirmó que es muy complicado calcular cuánto tardará en completarse el trámite parlamentario y estimar, por tanto, cuanto entrará en vigor la ley. Por ello, recomendó a las familias de personas con discapacidad intelectual que tengan grandes necesidades de apoyo y estén a punto de cumplir la mayoría de edad, y que prevean que pueden precisarlo a medio plazo, que inicien los trámites necesarios para solicitar la figura de apoyo necesaria, ya que, recordó, en el momento en que entre en vigor la ley esta figura puede ser modificada.

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