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Plena inclusión España ha iniciado el año enfocada en la sostenibilidad de sus organizaciones. La comisión de sostenibilidad de Plena inclusión España, se ha reunido este mes de enero para analizar el complejo momento en que se encuentra el tejido asociativo debido a la crisis económica que golpea al país.
Esta comisión mostró una especial preocupación ante el incremento de entidades que ven amenazada su continuidad. De hecho, en el balance correspondiente a 2022 se detectó que más de un 20% de las entidades de Plena Inclusión finalizaron el año con graves pérdidas. Las organizaciones de este movimiento asociativo están acusando con intensidad la penalización que supone el IVA soportado a la compra de bienes y servicios, y el impacto que representa – como al resto de la sociedad – la subuda de los precios y la inflación.
Derecho a unos servicios de calidad
La comisión considera urgente encontrar vías estables de interlocución con las Comunidades Autónomas que faciliten la financiación de los servicios sociales que prestan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. La presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, se ha referido al derecho de las personas y sus familias a disfrutar de servicios públicos de calidad.
“Tenemos el reto de luchar por sus derechos desde nuestras organizaciones. Y lo hacemos porque los servicios sociales públicos son el último recurso para cientos de miles de familias golpeadas por las subidas de la cesta de la compra, de la luz o de la calefacción. Estas son las que más nos preocupan porque son quienes sufren más el impacto de la crisis”
Una transición sostenible
De igual modo, en la reunión se analizaron propuestas que se van a trasladar a las administraciones públicas con las que afrontar un plan de inversión para la transformación de los centros y servicios autonómicos y locales desde una visión basada en una transición sostenible.