EAPN es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
EAPN ha publicado un informe que analiza el riesgo de pobreza en España.
Dice que el 27,8% de la población está en situación de pobreza.
En el caso de personas con discapacidad, es una de cada tres.
Plena Inclusión ha alertado de estos datos y ha reclamado medidas para hacerles frente.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN-ES, ha publicado el Informe sobre el estado de la pobreza correspondiente a 2021 que por primera vez recoge los datos oficiales de pobreza tras la pandemia de la Covid-19 y que ofrece un análisis minucioso de la evolución del indicador AROPE.
Este indicador, ‘At risk of poverty or social Exclusion (AROPE)’, sitúa la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 2021 en un 27,8% de la población, frente al 27% registrado el año anterior. A la luz de los datos recogidos en el informe, Plena Inclusión España ha alertado de que, en el caso de las personas con discapacidad, el riesgo de pobreza alcanza el 33%, casi el 34 si hablamos de mujeres.
Plena Inclusión España denuncia cómo las personas con discapacidad continúan soportando las situaciones más graves de pobreza y exclusión de nuestro país, y constata el hecho de que tener empleo no impide caer en la pobreza. Desde la Confederación reclaman medidas urgentes para paliar la situación de pobreza y exclusión social en hogares de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Pobreza y discapacidad intelectual y/o del desarrollo
En el caso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo su tasa de desempleo (38%) es casi tres veces mayor que la población sin discapacidad (14,55%); la tasa de actividad tres veces menor (32% frente al 78%). Y a estas cifras hay que añadir la pesada carga que supone para la economía de sus familias el apoyo a sus necesidades cotidianas. Este sobrecoste familiar supone, según un estudio de Plena inclusión, un gasto añadido de 27.000 euros, de media, al año por familia.
El informe de EAPN-ES ofrece diferencias aún mayores entre personas con discapacidad y el resto, en lo relacionado con datos sobre la privación material y social severa. La renta media por persona es un 5,4% menor para aquellas que tienen una discapacidad. Tomadas por unidad de consumo, la diferencia es un 10% menor que el resto de la población.
Actuar frente a la falta de oportunidades
La falta de oportunidades que siguen teniendo las personas con discapacidad para acceder al sistema educativo, al mundo laboral y a las prestaciones sociales explican parte de estas diferencias.
En este sentido, Plena Inclusión reivindica medidas específicas y urgentes como como desarrollar un sistema de acceso preferente y facilitado al Ingreso Mínimo Vital (IMV), compatibilizar y armonizar esta prestación con la del hijo a cargo en el caso de los hijos e hijas con discapacidad, aumentando además la cuantía de esta última prestación (a 170 euros por hijo menor de edad, y en un 50% más para aquellos hijos con más de un 65% de discapacidad, hasta alcanzar los 570,2 euros mensuales)
Desde el movimiento asociativo recuerdan, asimismo, que en su informe sobre el sistema de protección social se concluía que las prestaciones de las que se benefician las personas con discapacidad intelectual tienen una cobertura económica muy limitada, están dispersas y su acceso es muy complejo.