Plena Inclusión Madrid ha creado un servicio de asesoría jurídica relacionado con casos de educación.
Para poder contactar con este servicio, ha creado el correo electrónico educacion@plenamadrid.org
El número de consultas y quejas atendidas por la Federación ha aumentado en los últimos meses.
Por ese motivo, el objetivo de este nuevo servicio de asesoría es
atender las consultas que las familias realizan
en relación con la educación de las personas con discapacidad intelectual.
Plena Inclusión Madrid recuerda que es necesario un cambio en el sistema educativo que permita a las personas con discapacidad intelectual disfrutar de una educación inclusiva.
Plena Inclusión Madrid ha recordado que viene denunciando hace años que este derecho no se cumple. También ha dicho que esas denuncias han sido reforzadas con el informe de la ONU publicado hace unos días.
La ONU ha sentenciado en el informe que España viola el derecho a la educación inclusiva.
- Ante el aumento de consultas relativas a la escolarización que se reciben por parte de las familias
- Plena Inclusión Madrid reitera la necesidad urgente de modificar el sistema educativo actual
- Los afectados pueden enviar sus consultas a educacion@plenamadrid.org
Plena Inclusión Madrid ha puesto a disposición de las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo un servicio de consultoría y asesoría jurídica para atender las demandas sobre la escolarización de este colectivo, y que han aumentado en los últimos meses, según anunció su director general, Javier Luengo.
Luengo explicó que a lo largo del año se reciben numerosas consultas relativas al sistema educativo y que lógicamente, existe un repunte importante, en el periodo de solicitud de plaza que está actualmente activo, razón por la cual, en su momento se puso en marcha un servicio de asesoramiento a través de educacion@plenamadrid.org y que ahora se intensifica con un servicio jurídico.
Para el director de Plena Inclusión Madrid diariamente nos encontramos con casos que demuestran que el sistema educativo actual no funciona y recordó que desde el movimiento asociativo se lleva años reclamando a la Administración autonómica un cambio de modelo que dé respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. Es urgente abordar cambios en el sistema y nos volvemos a ponernos a disposición de la Consejería competente para aportar nuestro conocimiento.
En este sentido, recordó que todas las denuncias públicas que se vienen realizando desde Plena Inclusión Madrid se han visto avaladas por el reciente informe de Naciones Unidas que dice de manera clara que España viola de manera sistemática el derecho a la educación inclusiva y que continua excluyendo “particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general”.
Luengo explicó que el actual sistema tiene que cambiar: hay que dotar a los centros ordinarios de los recursos, humanos y económicos, necesarios para posibilitar la inclusión de los alumnos con distintas necesidades de apoyo. Si no lo hacemos, estamos condenando al alumnado al fracaso escolar, a convertirse en víctimas de abuso escolar y, sobre todo, cercenando su posibilidad de tener un presente y un futuro de inclusión.
En este sentido, recordó que la propuesta del movimiento asociativo pasa por aprovechar las sinergias de los Centros de Educación Especial para avanzar hacia una transformación del sistema actual a uno verdaderamente inclusivo; crear equipos de orientación específicos especializados para atender al alumnado con discapacidad intelectual, formar al profesorado y sensibilizar al conjunto de la comunidad educativa son cuestiones esenciales que viene reivindicando el movimiento asociativo desde hace tiempo.
A su juicio, trabajar para que exista una educación inclusiva no es, a día de hoy, una opción, sino hacer que se cumpla un derecho, dando respuesta a las necesidades de todo el alumnado, con presencia, aprendizaje y participación, independientemente de género, origen, características y capacidad.