El derecho está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como “uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social”. Asimismo, el artículo 25 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, establece el derecho de las mismas a “gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Sin embargo, muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen características particulares que dificultan su correcta atención sanitaria: problemas de comunicación, alteraciones de conducta, necesidad de apoyo extenso o generalizado, problemas de movilidad, etc.
Por ello, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, Plena inclusión ha incidido en la necesidad de garantizar la igualdad en la cobertura sanitaria a través de medidas que favorezcan el acceso de este colectivo a los servicios de salud. En alguna comunidad autónoma, este acceso preferente ya se está facilitando a través de una tarjeta sanitaria con el distintivo Doble AA (“Acompañamiento, Accesibilidad y Apoyo”), que permite a estas personas acceder al interior de las consultas acompañadas del cuidador principal; agilizar el tiempo de espera en las visitas y en algunas pruebas médicas (ya que algunas de estas personas deben ser anestesiadas para hacerlas, lo que provoca retrasos); o la inclusión en programas de administración farmacéutica a domicilio.
La generalización en el uso de esta tarjeta, así como su correcto funcionamiento y la sensibilización de los médicos con este uso, elevaría en buena medida el número de visitas médicas de este colectivo. En 2013, un estudio de Plena inclusión y la Universidad Autónoma de Madrid revelaba datos alarmantemente bajos en estas visitas. Por ejemplo, aunque más del 40% de las personas de la muestra empleaba gafas, sólo un 13% acudía al oftalmólogo. Esto es aplicable a otras especialidades como la odontología (sólo un 4,5%), la otorrinolaringología (un 9,4%), la ginecología (un 10,4% de las mujeres), o la psiquiatría (un 13,4%). Junto a ello, sólo un 9% presentaba un calendario completo de vacunación, y un 67,2% no tenía información sobre salud.