El desarrollo social también es una inversión importante para el desarrollo nacional. Invertir en las personas mejora su productividad y, por tanto, el crecimiento económico; las economías más productivas del mundo se comprometieron con el gasto social en las etapas más tempranas de su desarrollo, y en los países de la OCDE la productividad es mucho mayor en países con mayor gasto social per cápita.
Isabel Ortiz, Asesora Interregional Senior Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Organización de Naciones Unidas ONU
Mirando las estadísticas y proyecciones económicas, parece que Bolivia no está en su peor momento. Un crecimiento del PIB de aproximadamente 6% anual, un nivel de desempleo relativamente bajo y estable del 4%, y una deuda pública alrededor del 33%. Aunque también acompañan otros indicadores económicos menos favorables. En cuanto a políticas, lo expertos destacan las últimas medidas sociales de aumento del salario mínimo y subida de las pensiones . Y si uno se interesa por las personas con discapacidad, que representan aproximadamente más del 3% de la población , verá que Bolivia ratificó la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ha aprobado leyes para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad, tanto desde el nivel escolar como en el mundo laboral. Por ejemplo, en 2009 llevaron a cabo una reforma constitucional que incluyó los derechos de las personas con discapacidad.
Ante este contexto podría sorprender la fuerte protesta que en mayo realizaron un grupo de personas con discapacidad en Bolivia, pidiendo un aumento del bono de asistencia mensual que reciben. Actualmente el gobierno ofrece unos 32 dólares al mes a las personas con discapacidad; dado el aumento del precio de los alimentos (Bolivia tiene una inflación oficial de entre el 3 y 4%) y de los medicamentos, este subsidio no parece suficiente para cubrir las necesidades. Después de intentos de diálogo con el gobierno, un grupo de personas con discapacidad decidieron tomar medidas más drásticas para dar a conocer su situación. Desde una peregrinación de unos 30 días en sillas de ruedas y muletas, hasta una mujer que decidió colgarse con su silla de ruedas de un puente. El gobierno contestó que la situación económica no les permite atender esta solicitud de aumento de las ayudas económicas a las personas con discapacidad.
Un problema fundamental, que no sólo se da en Bolivia, es que las personas con discapacidad se enfrentan a muchas barreras para formar parte del merado laboral, por lo que no tienen ingresos propios. Esto hace que dependan de ayudas del gobierno o de la familia. Pero incluso cuando la persona con discapacidad trabaja, como sus necesidades suelen ser mayores ( necesidades médicas, de apoyo de otros profesionales, adaptación de la vivienda, etc), y los salarios suelen ser bajos ya que pocas veces pueden acceder a puestos de decisión, es cierto que las ayudas del gobierno suelen continuar siendo necesarias. Y es muy común que cuando un país se encuentra con una situación económica complicada, los gobiernos recortan costes sociales como primera medida al no considerarlos productivos. Por ello, las personas con discapacidad suelen ser de los primeros ciudadanos en verse perjudicados ante crisis económicas.
Adicionalmente, queda claro con el análisis de Bolivia que aprobar leyes que impulsen la integración educativa, social y laboral de las personas con discapacidad no es suficiente para que se produzca un cambio. Si no se destina presupuesto suficiente para ejecutar dichas políticas, ni se tiene un personal capacitado, el impacto puede ser nulo. Por ejemplo, “las docentes normalistas que trabajan con estudiantes con discapacidad no necesariamente cuentan con los instrumentos metodológicos para responder a las necesidades educativas especiales de esta población, lo que puede producir situaciones de abandono escolar y exclusión educativa.” Tampoco se ha invertido lo suficiente en infraestructura adecuada, metodologías adaptadas, ni en las herramientas necesarias para poder cumplir los derechos educativos, laborales y sociales de las personas con discapacidad.
La lectura positiva que se puede hacer de esta situación es que las personas con discapacidad en Bolivia están dispuestas a hacerse escuchar y a demandar que se cumplan sus derechos, y que el país tiene una base legal adecuada en este sentido. Pero las leyes por sí solas no sirven para garantizar una situación de igualdad y equidad de todos los ciudadanos. Sin embargo en estas protestas faltaba la presencia notoria de las personas con discapacidad intelectual. Ojalá el gobierno de Bolivia de una solución viable a los ciudadanos que están demandando mayores apoyos, dedique recursos para hacer posible su inclusión laboral, y que en estos esfuerzos no se olvide que las personas con discapacidad intelectual tienen los mismos derechos y posiblemente mayores necesidades, por lo que escucharlos debe ser una prioridad. Las leyes aprobadas, y la Convención ratificada en 2009, así lo confirman.
Cristina López Mayher, Técnico Comercial y Economista del Estado, con un máster en Gestión del Desarrollo Internacional por la American University (Washington DC).
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