Plena Inclusión Madrid

A cada lado. Informe sobre la situación de personas con discapacidad reclusas y ex-reclusas en España

Autoras: Inés de Araoz Sánchez-Dopico, Plena inclusión España; Berta González Antón, Plena inclusión España; Noemy Martín Sanz, Universidad Francisco de Vitoria; y Cristina Izquierdo García, Universidad de Francisco de Vitoria.

Edita: Plena inclusión España

Coordina: Inés de Araoz Sánchez-Dopico

Año: 2020

“A cada lado” es un informe que analiza la realidad de las personas con discapacidad intelectual en prisión.

Ha sido elaborado por Plena inclusión España. 

En el estudio han participado 367 personas con discapacidad reclusas y 81 profesionales.

El informe demuestra que solo en 1 de cada 3 juicios se tiene en cuenta la discapacidad del acusado.

Esto puede suponer que el acusado tenga dificultades de comprensión y comunicación durante el proceso. 

SINOPSIS

Informe elaborado por Plena inclusión España sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que están o han estado en prisión y que corren un riesgo serio de exclusión, tanto durante el cumplimiento de su condena como ante un proceso judicial que no siempre se ajusta a las necesidades de las personas con discapacidad.

Tras analizar los datos ofrecidos por 367 personas con discapacidad reclusas y 81 profesionales del programa de prisiones de la confederación, el estudio concluye que solo en el 31.5% de los 743 procedimientos examinados se ha tenido en cuenta la discapacidad en algún momento del proceso judicial. Esto significa que en estos procesos se han podido vulnerar los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante “las dificultades en la comprensión y/o comunicación o a la imposibilidad de ejercitar adecuadamente el derecho de defensa”, aseguran sus autoras.

El estudio “A cada lado” desvela otros datos interesantes, como que en el 90.2% de los procesos se impuso a la persona con discapacidad intelectual una pena privativa de libertad a pesar de que esta decisión debería ser el último recurso. Existe un consenso internacional para rechazar que las personas penalmente no responsables permanezcan en prisión. Sin embargo, el 66.7% de las personas cumplen las medidas privativas de libertad en centros penitenciarios y el 33.3% en Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios.

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