La Oficina de Derechos Humanos del Consejo de Europa presentó ayer un informe al Tribunal Europeo.
Este informe se refiere al caso de Mara, una la mujer con discapacidad intelectual de Galicia que no puede votar porque un tribunal se lo impide.
La Oficina Europea ha dicho que nadie debe perder su derecho al voto por motivos de discapacidad.
También ha dicho qué obligaciones deben cumplir los estados.
La Comisaria del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Dunja Mijatović publicó ayer las observaciones presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de Maria del Mar y su hija Mara, una mujer con discapacidad intelectual cuyo derecho de voto ha sido retirado por un tribunal en España.
«Nadie debe ser privado de su derecho de voto por razón de discapacidad, y las personas con discapacidad intelectual no son una excepción», dijo la comisaria, quien subrayó que privar a las personas del derecho de voto incluso después de una evaluación hecha por un juez sobre la capacidad cognitiva o el estado de salud mental de la persona es contrario a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En las observaciones presentadas ante el Tribunal, el Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos considera que «privar a una persona de este derecho no protege a la persona ni a la sociedad, sino que perpetúa la exclusión y priva a la sociedad de una legislatura que represente a toda su diversidad».
En las observaciones se señalan las obligaciones que los estados deben cumplir para que el derecho al voto sea efectivo para las personas con discapacidad intelectual, entre las que se encuentran las medidas generales de accesibilidad y ajustes razonables, y destaca que deben incluir cuando sea necesario, asistencia y apoyo para que la persona entienda, elija y vote.
Aunque estas observaciones se realizan a propósito del caso de Mara, son casi 100.000 personas en nuestro país las que tienen privado el ejercicio de su derecho al voto y esperan que esta situación se resuelve con la mayor celeridad con la reforma de la LOREG que fue aprobada por unanimidad parlamentaria el pasado mes de noviembre a iniciativa de la Asamblea de Madrid.