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La Comunidad de Madrid se convierte en la primera región de España que cuenta con expertos facilitadores de apoyo a personas con discapacidad en juzgados. Una figura que se hace realidad tras meses de trabajo y reivindicación por parte de Plena Inclusión Madrid y del movimiento asociativo a la hora de trasladar la necesidad de contar con este apoyo en sedes judiciales.
El profesional facilitador es un perfil entre cuyas funciones están explicar, adaptar y acompañar a la persona con discapacidad y dificultades de comunicación, comprensión y/o expresión, para que comprenda qué es un procedimiento judicial, poner en marcha los ajustes de procedimiento necesarios y asegurar que la persona entiende sus derechos y cualquier comunicación que ocurra durante el proceso y es entendida por los distintos operadores jurídicos.
El Decreto aprobado por el Gobierno regional regula la figura del facilitador que prestará apoyo a personas con discapacidad en juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales existentes, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia.
Acceso universal a la justicia
El experto facilitador es una figura pionera y precursora que tiene como objetivo garantizar la participación en igualdad de las personas con discapacidad intelectual en cualquier proceso judicial. Desde la federación siempre se ha apostado por la regulación de este perfil profesional para asegurar la inclusión y avalar los derechos de las personas con discapacidad intelectual.
Para Plena Inclusión Madrid, el respaldo de la administración pública a la figura del facilitador supone un paso fundamental a la hora de garantizar el acceso universal a la justicia de las personas con discapacidad intelectual.
Formación para evitar la discriminación en procesos judiciales
La normativa aprobada por la Comunidad de Madrid establece los requisitos, principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales, que tendrán que estar especializados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. También tendrán que contar con una formación específica que proporciona Plena Inclusión Madrid –cursos con una duración mínima de 100 horas- en este ámbito. La federación ha sido uno de los actores principales en esta iniciativa, formando a más de medio centenar de alumnos y alumnas con el fin de capacitarles para prestar los apoyos necesarios en los procedimientos judiciales y policiales.
Este alumnado engrosa también una bolsa de expertos facilitadores que sólo entre el año 2022 y 2023 ha acompañado a 108 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en procedimientos de diferente tipo, desde revisiones de sentencias motivadas por la reforma de la legislación civil y procesal, pero también notariales, penales y sociales.
El servicio de facilitador judicial estará incluido dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, se instruirá a todos los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito (OAVD) para que ejerzan esta función y apoyen a los individuos con discapacidad en situación de víctima.
La Ley que hace tres años reformó la legislación civil y procesal para el apoyo de personas con discapacidad prevé que en los procesos judiciales en los que participen se harán los ajustes necesarios con el fin de evitar cualquier tipo de discriminación. El Gobierno regional dispone hasta el momento de la colaboración y asesoramiento especializado de entidades con una dilatada experiencia.
La Comunidad de Madrid reforzará las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito con diez nuevos facilitadores, psicólogos y trabajadores sociales.