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El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana una inversión de 223,7 millones de euros destinada al nuevo Acuerdo Marco de atención residencial para personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta, lo que supone un incremento del 33% respecto a la anterior licitación. El precio plaza pasará de los 100,58 euros plaza día actuales a 134,32 euros.
Esta medida garantiza el mantenimiento de 950 plazas públicas durante los próximos cuatro años, 117 más que en el contrato previo.
Desde Plena Inclusión Madrid llevamos muchos años insistiendo en la sostenibilidad de los recursos de atención, especialmente los residenciales; a lo largo de los últimos meses, hemos trasladado estas peticiones a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por lo que nos satisface comprobar que muchas de ellas han sido tenidas en cuenta e incorporadas al proyecto del Ejecutivo.
A la espera de conocer el contenido detallado de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas, consideramos que se trata de una buena noticia para el sector e iremos informando puntualmente de su puesta en marcha.
En paralelo, el Ejecutivo regional ha dado luz verde a un nuevo decreto de Atención Temprana que mejorará el acceso a este recurso para menores de hasta 6 años. A partir de 2026, las familias podrán realizar en una sola cita todas las valoraciones necesarias, con expedientes completamente digitales y sin necesidad de aportar informes médicos.
Este modelo simplificará trámites, reducirá la carga burocrática y permitirá que los niños accedan antes al recurso que precisen.
El reconocimiento de esta prestación se revisará de oficio, por lo que no será necesario que lo soliciten los progenitores, ya que mantiene su validez durante el tiempo que el menor esté recibiendo este servicio en uno de los Centros de Atención Temprana de la red.
Más allá de estos dos anuncios, en Plena Inclusión Madrid seguiremos trabajando y buscando soluciones para otros temas que también consideramos prioritarios en el sector como son el envejecimiento de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, la necesaria flexibilización de los apoyos y la transición entre tipología de plazas de un mismo centro.