El Gobierno, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias acordaron un plan ante rebrotes en las residencias.
Este plan incluye varias medidas para reaccionar para evitar más contagios de coronavirus.
Las medidas incluyen realización de test, plan de visitas de familiares, división de espacios para residentes, aislamiento y otras.
Plena Inclusión valora el esfuerzo realizado para hacer este plan.
Plena Inclusión también cree que hacen falta recursos económicos.
Durante el confinamiento el movimiento asociativo tuvo que afrontar muchos gastos para cuidar de la salud de los residentes y de los profesionales.
Ahora Plena Inclusión dice que hacen falta ayudas económicas para poder continuar aplicando las medidas de seguridad.
También reclama que los planes tengan en cuenta los derechos de las personas.
El plan de respuesta coordinada ante posibles rebrotes de la COVID-19 en residencias acordado el pasado 4 de agosto entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios, unifica la reacción a través de diferentes medidas como la adaptación a las residencias del Plan de Respuesta Temprana frente a la COVID-19 y la difusión de una lista de verificación con las condiciones mínimas que deben cumplir los planes de contingencia en residencias.
Las medidas comprometidas por estas administraciones incluyen que las residencias se coordinen con el sistema de salud para realizar periódicamente pruebas de diagnóstico a residentes y personal; y que tengan un plan sobre las visitas de familiares (incluyendo alternativas como las videoconferencias) y sobre las salidas del centro en función de los diferentes escenarios. En los centros más grandes, también se recomienda como medida preventiva la sectorización en unidades de convivencia para reducir el contacto entre residentes. Ante la aparición de casos de COVID, los protocolos también incluyen medidas como la notificación obligatoria, el aislamiento y el confinamiento de los contactos estrechos.
Preocupación ante los gastos derivados de las medidas de prevención
Desde Plena inclusión España valoran el esfuerzo de las administraciones por coordinar la respuesta frente a posibles rebrotes. Estos centros fueron especialmente castigados durante estos meses por la pandemia, y viven con preocupación que este esfuerzo no vaya acompañado de una donación económica suficiente para poder aplicar los planes de contingencia en estos centros y servicios con garantías de urgencia y seguridad.
Plena inclusión reclama que estos planes se desarrollen en condiciones que aseguren la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo residentes, a través de medidas como la accesibilidad a la información, el apoyo a la toma de decisiones, la planificación centrada en la persona y su familia, etc.
Con los datos recabados en sus residencias y viviendas tuteladas, Plena inclusión ha estimado que la aplicación de este tipo de medidas durante periodo de confinamiento, supuso un aumento del coste medio por plaza del 30%. Dentro de este sobrecoste, la partida que ha implicado mayor aumento ha sido la del personal (51%), seguida por los gastos generales (EPIS, test y productos de limpieza) con un 44%, e inversiones –como acondicionamiento de espacios u ordenadores para teletrabajo–, con un 5%.
«Sin ayudas será imposible»
La semana pasada, tanto el presidente de Plena inclusión España, Santiago López, como su director, Enrique Galván, en sendas intervenciones en Televisión Española y Radio Nacional, afirmaban: “nuestros centros y servicios deben reforzar la limpieza, asegurar los controles sanitarios, garantizar la distancia de seguridad…” en definitiva, realizar sus planes de contingencia y aplicar las medidas recogidas en los mismos”. Pero “sin ayudas de las administraciones, será imposible mantener el nivel de gasto derivado de estas acciones”.